Desde hace meses, la anunciada venta de la participación accionaria que tiene el Estado colombiano en Isagen ha acaparado la atención de los especialistas. Para comenzar, se trata de una de las 'joyas de la corona' del sector eléctrico colombiano, pues no solo tiene sólidas cifras contables sino que cuenta con una capacidad instalada que equivale al 15,8 por ciento del total nacional. A esa realidad hay que agregarle que una negociación exitosa es clave para la estabilidad de las finanzas públicas, sobre todo si se tiene en cuenta que en el presupuesto del 2009 existía un ingreso estimado en tres billones de pesos que ahora se haría efectivo a comienzos del próximo año.

La razón de esa postergación no es otra que los tropiezos encontrados en el desarrollo de una estrategia que tenía una hoja de ruta muy diferente a la actual. Según lo planeado inicialmente, la escogencia de un banco de inversión el pasado 21 de abril debía haber desembocado en un ejercicio de análisis y valoración que una vez terminado pasaría a consideración del Consejo de Ministros. No obstante, aunque el consorcio compuesto por Credit Suisse e Inverlink -que tenía a cargo la labor descrita- entregó su informe en junio, desde ese entonces el Gobierno empezó a considerar otras opciones.

¿Cuál fue la causa de lo sucedido? De acuerdo con los conocedores, el cálculo del valor de la empresa dio un resultado muy inferior a las expectativas que tenía el Ministerio de Hacienda. La cifra definitiva es un misterio, pero todo indica que además se encontraba por debajo de la cotización de la acción en bolsa que ayer cerró en cercanías de los 2.080 pesos. Bajo ese parámetro, el valor total de Isagen sería de 5,67 billones de pesos, con lo cual el 57 por ciento que tiene la Nación ascendería a unos 3,2 billones.

Parte del problema en la definición del precio de venta tuvo que ver con una situación precisa. Y es que aparte de tener una capacidad de generación de 2.260 megavatios, la compañía adelanta la construcción de Hidrosogamoso, un ambicioso proyecto ubicado en Santander, con un costo cercano a los 4 billones de pesos. Con 820 megavatios de capacidad la hidroeléctrica es la segunda iniciativa más ambiciosa del país en la ruta de expansión de la producción de energía, después de Pescadero-Ituango en Antioquia.

Debido a ello, los banqueros de inversión conceptuaron que lo ideal sería escindir Isagén en dos compañías: una que tuviera los activos que ya operan y otra que incluyera las obras en desarrollo, con el argumento de que los posibles compradores estarían interesados en una u en otra, pero que sería difícil encontrar un conglomerado especializado en generación y construcción, al que le interesaran ambas actividades al tiempo. Solo así, habrían afirmado, podría el Gobierno maximizar el valor de su participación.

Aunque dicho consejo podría haber sido válido desde el punto de vista técnico, creaba un problema práctico descomunal ante el elevado saldo en rojo de las finanzas públicas, pues implicaría más tiempo. En consecuencia, de unos meses para acá ha empezado a hacer carrera la idea de venderle la participación de la Nación en Isagen a las Empresas Públicas de Medellín, que de hecho ya son dueñas de cerca del 13 por ciento de la generadora. Dentro de las razones expuestas es que EPM administra y construye hidroeléctricas con particular éxito, con lo cual lo que se considera como un activo estratégico quedaría en manos de una entidad pública bien manejada y con gran experiencia en un negocio tan especializado.

Sin embargo, una eventual negociación en ese sentido crearía una nueva situación, pues EPM quedaría como dueña de casi el 35 por ciento de la capacidad de producción de energía en el país, lo cual rompería con los parámetros impuestos por la Comisión de Regulación del ramo, orientados a evitar la presencia de un actor que haga uso de su posición dominante. En respuesta, el Gobierno ha buscado varias salidas, incluyendo un concepto del Consejo de Estado que, al parecer, entiende que la resolución más estricta al respecto habría sido ya derogada. Pero más allá de dicha opinión, es indudable que la polémica será grande si el Ejecutivo cambia de libreto y por cuenta de forzar una venta, acaba produciendo un corto circuito en el sector.