Tal como lo esperaban tanto los partidarios como los antagonistas del Gobierno, el Congreso aprobó en la noche del martes el proyecto de presupuesto para el 2010. Sin desconocer las críticas de algunos integrantes de la oposición, ya fuera sobre el monto de gastos e ingresos generales, como sobre algunas partidas específicas, lo cierto es que la iniciativa encontró pocos tropiezos.
Así ocurrió, sobre todo después de que el Ejecutivo aceptara la reasignación de rubros por algo más de un billón de pesos con el fin de atender algunas peticiones de los parlamentarios, contenidas en 84 proposiciones modificatorias presentadas.
Sin duda el cambio más notorio tuvo que ver con el mayor dinero destinado a las universidades públicas, como consecuencia de la fuerte agitación estudiantil de los últimos días y de las peticiones de los rectores de dichas entidades. No obstante, los 160.000 millones de pesos adicionales en ese campo no solo fueron considerados insuficientes, sino que palidecen con los 390.000 millones de pesos más que serán entregados al Ministerio de Transporte, con el fin de apoyar el mantenimiento y construcción de vías secundarias y terciarias, además de otras obras, que -literalmente- dan mucho 'kilometraje' en época pre electoral.
Fue precisamente el anhelo de los congresistas que aspiran a repetir curul o a pasar de la Cámara al Senado, lo que alimentó la discusión. A pesar de los cuestionamientos técnicos hechos a un presupuesto por valor de 148,3 billones de pesos que crece 7 por ciento frente al actual, el ánimo austero no estuvo precisamente en el orden del día. De hecho, cuando fue claro que los cálculos sobre el servicio de la deuda pública podían estar sobrestimados por cuenta de la baja en la tasa de cambio, ese 'ahorro' se destinó a financiar parte de las peticiones hechas en el Capitolio.
Ahora lo que viene es lograr las metas propuestas. Sin duda, el escenario más complejo es el de los ingresos en donde aparte de lo que se obtiene de impuestos están los recursos de capital, las rentas parafiscales y los recursos propios de los establecimientos públicos, En particular, los especialistas ponen en duda que la Nación consiga los 70,8 billones de pesos que dice que obtendrá como ingresos corrientes, tanto por cuenta de los gravámenes a la renta y al comercio exterior, como por el IVA.
Lo sucedido en el 2009, cuando todo indica que los recaudos fiscales estarán por debajo de los objetivos iniciales, hace pensar que la meta de mantener el déficit estatal en 3,4 por ciento del Producto Interno Bruto puede verse comprometida. Eso, a menos que se adopte un recorte en los gastos, tal como ocurrió con el presupuesto del presente año que se vio sometido a un aplazamiento de erogaciones -que ahora tiene el carácter de permanente- por valor de 3 billones de pesos.
En ese sentido, es muy factible que otra vez la tijera vuelva a ponerse en funcionamiento, aunque lo más probable es que eso tenga lugar una vez hayan pasado las elecciones legislativas y presidenciales. La razón monda y lironda es que a la larga las matemáticas terminarán pesando más que el anhelo de aumentar lo asignado a diferentes programas gubernamentales. Sin embargo, dicha determinación estará a cargo de quien sea el inquilino de la Casa de Nariño el próximo 8 de agosto y aun bajo el supuesto de que sea Álvaro Uribe quien repita mandato, habrá que mantener tensa la rienda fiscal, sobre todo para evitar que se dispare la deuda pública, cuya elevación ha causado cierto nerviosismo.
Pero más allá de tales elucubraciones, el Gobierno sostiene que lo hecho es un ejercicio realista, que logra un aumento del 12,9 por ciento en la inversión, si se excluyen los subsidios a los combustibles y las erogaciones correspondientes a la seguridad democrática. Bajo esa lógica, el apoyo a la política contra cíclica que ha sido justificada como indispensable para apuntalar la marcha de la economía seguiría pesando en forma importante. Y aunque ese argumento tiene algo de validez, lo importante es que los programas que se adelanten sean efectivos y respondan a criterios técnicos, algo que no necesariamente está garantizado en una coyuntura política sin verdaderos antecedentes, en la cual la segunda reelección sigue siendo una incógnita que todavía no tiene respuesta.
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