En tiempos del Frente Nacional, la burocracia del Estado se multiplicó porque, según recuerdan los conocedores, la filosofía que primaba era la de crear una entidad para resolver cada problema que surgía. Por fortuna, son épocas superadas, pues antes de establecer nuevas instituciones, lo que debe hacer el Estado es resolver los problemas utilizando la de por sí frondosa estructura burocrática con que cuenta.

Pero algo quedó como herencia de esa malsana costumbre. En los años noventa, y ante la aparición creciente de escándalos de corrupción, surgió la idea de crear una oficina que se dedicara al tema, adscrita a la propia Presidencia de la República. En su momento, la iniciativa fue saludada como positiva, aunque algunas voces se alzaron para poner en duda la utilidad de un despacho cuyas funciones no eran claras. Eso, además de que el tema ya era del resorte de los organismos de control, como la Procuraduría y la Contraloría, así como, en los casos en que los escándalos adquirían implicaciones penales, de la propia Fiscalía.

Una revisión a las tareas desarrolladas a lo largo de más de una década de existencia de esa oficina, por funcionarios en general bienintencionados y competentes, arroja un balance bastante pobre. Más allá de hacerles seguimiento a determinados procesos licitatorios, de promover veedurías cívicas y de los medios de comunicación, o de establecer programas preventivos en algunas entidades del Estado y en las regiones, lo cierto es que la oficina del llamado Zar Anticorrupción poco o nada ha contribuido a controlar el fenómeno. Así, abusos de poder, favoritismos y malversación de dineros públicos, siguen tanto en el Gobierno Central como en las entidades regionales.

Algunos de los más sonados escándalos públicos de los últimos tiempos, han ocurrido y estallado sin que se haya dado intervención, ni preventiva ni posterior, de la oficina del Zar. En general, han sido los medios, algunos congresistas acuciosos, y en pocas, pero significativas oportunidades, los organismos de control, los que han destapado los más graves entuertos.

Una mirada a los casos más recientes: Agro Ingreso Seguro y las sospechas de sobornos en la contratación del Inco, permite confirmar que dicha tendencia se mantiene, pues el zar actual, Óscar Ortiz, ha comenzado a actuar, cuando ya esas ollas podridas han quedado en evidencia. Siguiendo con esos dos ejemplos, vale la pena preguntarse si un programa tan ambicioso como el de AIS, que asigna anualmente recursos por cientos de miles de millones de pesos a decenas de miles de beneficiarios, no ameritaba, desde sus inicios, una vigilancia precavida cercana, para evitar los abusos que terminaron dándose.

¿Y qué decir del caso del Inco?, donde sucesivos directores de la entidad habían caído en medio de escándalos, y eso justificaba plenamente una supervisión continua de la oficina anticorrupción.

El rumor de que en ese organismo, altos funcionarios pedían dinero para adjudicar contratos y para pagar deudas pendientes a los contratistas, era un secreto a voces, hasta que, gracias a la intervención oportuna del viceministro de Transporte, Gabriel García, quien enteró de las sospechosas grabaciones al propio Presidente de la República, el Gobierno se encargó de destapar el caso y de remover a los funcionarios comprometidos. Por cierto, que de manera tardía, pues todo indica que algunas licitaciones ya habían sido adjudicadas con la intervención de la red corrupta.

La duda es si la ausencia de la oficina del Zar en tan delicados asuntos se debe a negligencia de sus funcionarios, o simplemente a que a ésta le hacen falta dientes para prevenir casos de corrupción o para trancarlos a tiempo y destaparlos cuando se presentan. Lo primero, habría que descartarlo, pues por ese despacho han pasado personas diligentes e inquietas, algunas muy bien preparadas y dispuestas para la lucha contra ese flagelo, sin que eso haya garantizado resultados.

En consecuencia, si se trata de lo segundo, vale la pena preguntarse si ese ente debe seguir existiendo. Porque a la hora de juzgar por los resultados, no sólo la pregunta es válida, sino que la respuesta resulta obvia.