La Constitución de 1991 introdujo una serie de instrumentos judiciales que han transformado la forma en que se administra justicia y, más aún, la manera en que ésta es entendida por los ciudadanos. La acción de tutela y las acciones populares son, hoy en día, las herramientas por excelencia de lo que en las universidades se enseña como 'el nuevo derecho'. De tal manera, el ciudadano, al poder ejercer acciones de naturaleza pública sin mayor concurso que el de sus propios argumentos, ha contribuido a que los derechos fundamentales dejen de ser retóricos y se conviertan en elementos transformadores de la realidad política, económica y social del país.

Sin embargo, ese enorme poder debe ser empleado con un alto sentido de la responsabilidad y del interés colectivo, pues la falta de ponderación en su uso puede hacerle más daño al patrimonio público que el que, en nombre de la protección de los derechos de la ciudadanía, se pretende evitar.

Un ejemplo claro de lo anterior es la reciente decisión judicial que, con base en una acción popular iniciada por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (hoy de Telecomunicaciones) ordenó la suspensión del proceso de búsqueda de un inversionista estratégico para la entidad capitalina, que dicho sea con claridad, lo necesita con urgencia. El precedente es más que preocupante. Someter a una empresa crucial, inscrita en el mercado público de valores, a la incertidumbre jurídica o a los tiempos propios de las actuaciones judiciales, es incomprensible. Como también lo es pretender obligarla a que recorra un camino legal al que no está obligada.

Según ha trascendido, parte del razonamiento judicial se motiva en que la ETB, al sentir del juez, debería haber seguido los pasos propios de la enajenación de activos estatales en el proceso de capitalización que está adelantando. Es decir, recibir una autorización del Concejo de Bogotá y hacerle una oferta al sector solidario.

Tal determinación es curiosa. Sobre todo, si se piensa que la emisión de acciones de la telefónica bogotana efectuada en el 2003, en la que se vinculó capital privado de manera masiva, no siguió el camino que se alega como incumplido, como tampoco lo siguieron procesos como la emisión de acciones de ISA, la capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá y la vinculación de un socio estratégico para Colombia Móvil, entre muchos otros procesos exitosos que han permitido salvar el patrimonio público involucrado en sociedades que en su momento requirieron el aire que recursos privados cuantiosos, en buena hora, les aportaron.

El proceso puesto en marcha por la administración de la ETB no es nuevo: ya ha sido ensayado y probado con éxito en Colombia. Desconocer esta realidad hace que principios como el de la confianza del inversionista en un Estado de Derecho, que propone reglas de juego claras para que el capital público o privado, nacional o extranjero se desarrolle, entren en serio peligro.

¿Qué pueden pensar, entonces, los más de 40.000 accionistas minoritarios de ETB sobre lo que está ocurriendo? En la asamblea reciente de esa empresa, junto con el Distrito Capital, socio mayoritario de la misma, los primeros tomaron una decisión que está siendo desconocida por vía judicial, sin precedente alguno que sustente lo que hasta ahora ha sido decidido en el litigio.

Debido a lo sucedido, el comportamiento de la acción de ETB en los últimos días es inquietante. Sin duda, el mercado de valores ha leído con preocupación estos acontecimientos y la volatilidad observada tiene todo que ver con la determinación judicial de marras. Ese sentimiento lo debe compartir la ciudad en su condición de accionista mayoritario de la Empresa y los potenciales interesados en participar en una puja que puede ser, y no de manera retórica, la última oportunidad que tiene la compañía para sobrevivir en el entorno cada vez más complejo en el que desarrolla su actividad.

De prosperar la tesis hasta ahora propuesta en esta controversia, no sólo el futuro de ETB estaría en riesgo, sino también el de Emcali y el de otras empresas estatales que requieren una inyección de recursos que las agotadas arcas públicas no están dispuestas a dar. Por ello, este pleito no es un conflicto menor. Por el contrario, es un asunto que merece la atención de toda la nación.