Quito no ha sido en los últimos tiempos el lugar de origen de buenas noticias para Colombia. Como es conocido, el rompimiento de las relaciones diplomáticas decidido por Ecuador con posterioridad a los sucesos del primero de marzo del 2008, en el que fue atacado el campamento de las Farc que ocupaba 'Raúl Reyes', ha sido continuado por repetidas declaraciones altisonantes emitidas por Rafael Correa. Por tal motivo, resulta particularmente significativo lo anunciado en la noche del miércoles, por la ministra de Producción del vecino país, Nathalie Cely, en el sentido de que éste había decidido eliminar los aranceles extraordinarios impuestos contra 680, de un total de 1.346 categorías de bienes de origen colombiano, que venían siendo exportados al sur de la frontera.

Como se recordará, el gravamen original tenía como justificación la devaluación del peso en el último año, lo cual, según el Palacio de Carondelet, habría afectado la competitividad de los productos ecuatorianos a favor de Colombia. Debido a ello, fue invocada la salvaguardia cambiaria consistente en aplicar derechos de entrada adicionales a algo más de una tercera parte de la canasta exportadora del país. La decisión fue protestada por Bogotá con todo tipo de argumentos válidos, tanto por razones de forma como de fondo.

Y es que Ecuador no sólo no siguió el procedimiento establecido por la Comunidad Andina en estos casos, sino que además castigó de manera única e individual a los exportadores colombianos. Dicho de otra manera, no hubo sanciones contra ninguna otra nación. Esto a pesar de que buena parte de las monedas de las economías emergentes han perdido valor frente al dólar, no como resultado de la decisión individual de los gobiernos respectivos, sino como respuesta a la búsqueda de activos más seguros por parte de los inversionistas, debido a la crisis internacional.

Así las cosas, parecía evidente que la restricción ecuatoriana, debidamente impugnada por Colombia, era sencillamente insostenible. Incluso un concepto preliminar de la CAN, emitido en julio, permitió anticipar que el veredicto sería favorable al país a comienzos de agosto. Esa posibilidad llevó a Rafael Correa a amenazar que se retiraría del bloque subregional, ya herido gravemente después de la salida de Venezuela a mediados de la década.

En el entretanto, el Gobierno colombiano decidió manejar el tema con cabeza fría y sin apresurarse a tomar retaliaciones que habrían desembocado en una guerra comercial. Uno de los elementos que influyó en esa estrategia fue un mensaje proveniente de Quito, según el cual las autoridades ecuatorianas estarían dispuestas al desmonte gradual de las sanciones en un plazo relativamente razonable. Debido a ello, y ante la imposibilidad de conversar bilateralmente en cualquiera de las respectivas capitales, los contactos se hicieron en la sede de la CAN en Lima, en donde se llegó a un acuerdo a finales de la semana pasada.

Este consistía en levantarle los aranceles extraordinarios a 40 por ciento de los bienes afectados en un plazo inmediato, seguir con un 40 por ciento adicional en 60 días y completar el proceso a finales del año.

Todo iba muy bien, hasta que sorpresivamente, en la tarde del sábado pasado, un comunicado de la CAN informó que la entidad había encontrado procedentes las motivaciones de Ecuador, a pesar de reconocer que la medida restrictiva fue adoptada de manera irregular. Dicho pronunciamiento cayó como un baldado de agua fría en Colombia, porque aparte de su falta de sentido común, estaba redactado de manera confusa y parecía darle la razón a ambas partes.

Con el correr de las horas, sin embargo, empezó a saberse la verdad. Atemorizado ante la promesa de Correa de salirse de la Comunidad Andina, el secretario general de la misma, el ecuatoriano Freddy Ehlers, prefirió saltarse los conceptos técnicos trabajados y optar por una respuesta política en otra dirección. Bajo la lógica aplicada, si Colombia y Ecuador estaban prácticamente de acuerdo, ¿para qué arriesgar el desmembramiento de la CAN?

Esa posición, por supuesto, hace más daño que beneficio. La poca credibilidad técnica que tenía la secretaría de un organismo ya en crisis ha quedado por el suelo, con lo cual no faltará quien se pregunte en voz alta si de verdad vale la pena pertenecer a un esquema en donde las trapisondas valen más que los argumentos de fondo.