A primera vista, debería ser una buena noticia. Y es que en una economía que el año pasado creció un tímido 2,5 por ciento, resulta destacable un sector cuyos ingresos aumentaron 22 por ciento y cuyas utilidades subieron 27 por ciento, así fuera en términos nominales. Ese fue el caso de la seguridad privada en Colombia, según un estudio hecho público por la Superintendencia que controla al ramo, dado a conocer a comienzos del mes. De acuerdo con la entidad, las ventas de las empresas que componen la actividad y que incluyen a las que ofrecen servicios de vigilancia, transporte de valores o blindaje, entre otros, alcanzaron los 3,8 billones de pesos.

Semejante cifra no es de poca monta. De hecho, lo facturado supera lo recibido por las compañías bananeras, las de flores o las dedicadas a la hotelería y el turismo, todas intensivas en mano de obra. Un cálculo conservador dice que el personal empleado en seguridad privada llega a por lo menos 170.000 personas, una cantidad que supera al número de efectivos de la Policía Nacional. Ello explica por qué, a pesar de tener el 7,7 por ciento de la población de América Latina, Colombia tiene un peso del 15 por ciento en el total de gastos regionales en la materia.

Aunque todos esos números son sintomáticos de un negocio que es bueno, cuyas ganancias ascendieron a 129.341 millones de pesos en el 2008, con una rentabilidad patrimonial del 15,4 por ciento, hay otra manera de ver las cosas. Esta es que a pesar del inmenso esfuerzo hecho por el Gobierno colombiano para financiar la política de Seguridad Democrática, el sector privado y los ciudadanos del común también tienen que destinar un mayor volumen de recursos a proteger sus bienes o actividades.

En respuesta, no faltará quien diga que en el mundo de hoy, esta es una realidad. Por lo tanto, en la medida en que el terrorismo y el crimen común y organizado extienden sus tentáculos en las más diversas latitudes, hay que establecer protocolos y diseñar medidas propias, que no dependen del accionar de las autoridades. Estas incluyen desde las más elementales formas de celaduría, hasta la contratación de genios de la computación para defenderse de los piratas informáticos que usan medios electrónicos para apropiarse de secretos corporativos o entrar en cuentas de banco ajenas. Bajo ese punto de vista, hay quienes consideran que la seguridad más que un gasto es una inversión.

Pero sin entrar en un debate semántico, no se puede desconocer que en comparación con lo que hace el Estado, los colombianos también ponen de su parte. Quien quiera hacer un paralelo tiene que tener en cuenta que el presupuesto de las Fuerzas Militares en el 2009 es de 10,1 billones de pesos, mientras que el de la Policía es de 5,5 billones. De esa suma combinada, menos de la mitad corresponde a gastos de personal, en los que están comprendidos los 429.355 individuos que componían la Fuerza Pública en mayo (37 por ciento más que en el 2002), según el Ministerio de Defensa.

Como es bien conocido, la política gubernamental ha rendido sus frutos. El año pasado, por ejemplo, el número de homicidios comunes descendió 6 por ciento frente al 2007, mientras que el secuestro extorsivo lo hizo en 14 por ciento. No obstante, de acuerdo con los datos oficiales, los delitos contra el patrimonio económico mostraron un cambio de tendencia. El hurto de vehículos subió 7 por ciento, en tanto que el de residencias saltó 10 por ciento, el de comercios lo hizo en 11 por ciento, el de personas en 25 por ciento, el de entidades financieras en 74 por ciento y la piratería terrestre registró un alza de 14 por ciento. Las explicaciones sobre lo sucedido varían y van desde el impacto de la crisis económica sobre el empleo, hasta el coletazo de la desmovilización de los grupos paramilitares, algunos de cuyos elementos vuelven a delinquir una vez se reintegran a la vida civil.

Así las cosas, es claro que el aumento en los ingresos de las compañías de vigilancia puede estar más relacionado con el repunte del crimen común que con la llamada confianza inversionista. Por eso, es difícil celebrar las buenas cifras del sector, sin desconocer que este se ha profesionalizado y que está mejor supervisado, pero que opera en un país en donde la seguridad ha sido y continúa siendo un desafío permanente.