La polémica va a ser grande. Eso es lo único que se puede decir por ahora de lo afirmado por el Presidente de la República, quien hace un par de días esbozó algunos términos de la propuesta de reforma tributaria que el Ministerio de Hacienda le presentaría al Congreso a partir del próximo 20 de julio.

Como se recordará, el objetivo de la iniciativa es buscarle una nueva fuente al impuesto que hoy se le cobra a los patrimonios líquidos superiores a los 3.000 millones de pesos y que expira el próximo año. Según el Gobierno, se trataría de buscar recaudos nuevos por cerca de un billón de pesos anuales, aunque hay analistas que sostienen que se necesita una suma mucho mayor.

Aunque todavía faltan semanas antes de que se conozca el texto del articulado, todo indica que Álvaro Uribe preferiría gravar a patrimonios de menor cuantía. Así ocurrió en el 2002, pocos días después de que el actual inquilino de la Casa de Nariño llegara al cargo que todavía ocupa.

En ese entonces, y amparado en la figura constitucional de la Conmoción Interior, el Gobierno creó un impuesto de 1,2 por ciento sobre el patrimonio líquido que cobijó a asalariados con ingresos superiores a los 88 millones de pesos en el 2001 o a personas naturales y jurídicos con patrimonios brutos mayores a los 169,5 millones de pesos. Según lo dicho en la época, unos 420.000 contribuyentes, entre empresas y ciudadanos, sufragaron la contribución extraordinaria.

Sin embargo, es posible que dicha postura sea rechazada en el Congreso, reacio a golpear a la clase media en plena coyuntura preelectoral. Por ello, son pocos los que le ven futuro a una propuesta que todavía no es indispensable y que muchos preferirían aplazar.

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