Desde la primera administración del Presidente Álvaro Uribe se ha hablado de desarrollar métodos agropecuarios modernos, mediante la introducción de criterios empresariales en las labores del campo, al igual que esquemas asociativos entre los pequeños propietarios. Esta es una visión acertada, pues para consolidar las ganancias de control del territorio, logradas por la política de Seguridad Democrática, es indispensable complementar lo hecho con el desarrollo de actividades productivas sostenibles y rentables, que generen el ingreso y el empleo que el campo necesita.

No hay que ser un experto en temas de conflicto para darse cuenta de que la falta de oportunidades y la desigualdad han sido un caldo de cultivo que explica la aparición de grupos violentos y de actividades ilegales en el país.

Sin embargo, de un tiempo cercano hacia acá han vuelto a destacarse las posibilidades del país en materia de producción de alimentos. Aunque la crisis económica mundial ha moderado los precios de la comida, todos los expertos coinciden en que las alzas observadas a comienzos del año pasado volverán, como consecuencia de la demanda de poblaciones que han mejorado sus ingresos, tal como ocurre con las de China e India.

Semejante posibilidad, debería ser aprovechada por Colombia. Hay que recordar que, si bien con tendencia a disminuir, un poco menos del 25 por ciento de la población es rural, mientras que la participación del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto en el 2008 tan solo alcanzó el 9 por ciento. Ese fue uno de los argumentos utilizados por el Gobierno para promover estímulos tributarios para cultivos de tardío rendimiento, con la idea de apoyar la palma aceitera y en general la producción de biocombustibles.

En desarrollo de ese propósito, muchos empresarios han sido invitados a examinar el potencial de la 'altillanura' en departamentos como el Meta y Vichada, con cultivos de rotación como el maíz y la soya. Incluso desde hace siete años se decidió darle prioridad a la pavimentación de la carretera entre Puerto López y Puerto Gaitán, la cual como muchas otras, aún no se termina.

En forma paralela, el Gobierno trajo a firmas de Brasil y el Cono Sur para que apliquen en el territorio nacional los modelos que ya tienen para el fomento de la agricultura comercial y el sector pecuario en sus lugares de origen, con el fin de aprovechar su exitosa experiencia, sus tecnologías y su práctica gerencial. Varias de estas compañías acudieron al llamado, pero se llevaron tamaña sorpresa: el tema de la tenencia de la tierra. De un lado, una parte importante de las mejores zonas está congelada, porque los títulos de más de 400.000 hectáreas eran propiedad de narcotraficantes o de personas en fuga que son investigadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y se encuentran en procesos de extinción de dominio.

Pero más grave aún es que se encontró que en razón al Artículo 72 de la Ley 160 de 1994 nadie puede poseer más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) si el lote fue alguna vez terreno baldío. Bajo esa caracterización, el límite práctico es de 1.000 hectáreas, lo cual hace inviable la rentabilidad de un macroproyecto agrícola. De hecho, los expertos sostienen que el área requerida en explotaciones de altillanura debería ser de, al menos, 10.000 hectáreas, ya sea en cabeza de una empresa propietaria o mediante mecanismos asociativos.

Dicen los que saben que ante la limitante los inversionistas vinieron y en su mayoría se fueron, antes que crear múltiples sociedades para evadir el tope impuesto por la ley. De tal manera, y sin desconocer las garantías que merecen los pequeños propietarios o la necesidad de evitar la presencia de dineros oscuros, lo que debe impulsar el Gobierno es el arreglo del problema de manera responsable. Y es que en este tema es fácil adoptar posturas populistas que no conducen a nada, fuera de perpetuar el atraso y la inequidad sabidas.

Por lo tanto, se trata de pasar del discurso a la creación de las condiciones de desarrollo del campo colombiano, facilitando la inversión productiva. Es increíble que a pesar de la bonanza de precios de los productos agrícolas, el sector siga creciendo a tasas inferiores al 4 por ciento anual y que la superficie cultivada haya variado muy poco en las últimas dos décadas.