En su legítimo empeño por sacar adelante el referendo reeleccionista en el Congreso, las mayorías uribistas han sido tentadas por procedimientos absolutamente inconvenientes y desaconsejables.

En buena hora la Cámara de Representantes hundió la propuesta para cambiar al Registrador Nacional del Estado Civil, máximo rector de los procesos electorales, y para modificar la forma en que es elegido, de modo que su nombre ya no provenga de una terna propuesta por las altas cortes, sino que su elección dependa en términos absolutos de los parlamentarios. Claro que la iniciativa puede revivir en los debates que aún le esperan a la reforma política. Y el solo hecho de que la bancada cercana a la Casa de Nariño la haya planteado, indica que el oficialismo está dispuesto a transgredir límites que deberían respetarse por bien de todos.

Pero si por los lados del uribismo llueve, por los de la oposición no escampa. Hace pocos días, en unión de representantes de varias ONG, el presidente del Polo Democrático, el ex candidato presidencial Carlos Gaviria, firmó una carta dirigida a los legisladores canadienses para que voten en contra del Tratado de Libre Comercio firmado entre Ottawa y Bogotá. La comunicación está llena de acusaciones sin pruebas contra el Gobierno colombiano y pinta al país como si en él no hubiese las más mínimas garantías democráticas. Además, no tiene sentido que si un acuerdo como éste tiene instancias de debate y aprobación nacionales, como son el Congreso y la Corte Constitucional, el líder de un partido que tiene conocidas diferencias con el Ejecutivo, pero que ha contado con las debidas garantías para ejercer ese papel y que tiene una importante representación en las cámaras legislativas, decida darle la pelea en el exterior y con herramientas tan discutibles como la misiva en mención.

Otra voz contradictora, conocida por manejar una mayor moderación que los líderes del Polo, hizo una preocupante declaración, no a los medios, sino en el marco de una reunión de congresistas. Se trata del ex presidente y jefe del liberalismo, César Gaviria, quien advirtió que ciertas maniobras de las mayorías uribistas en el Capitolio, indican que "el Gobierno quiere robarse las elecciones". Aunque la frase no fue una declaración oficial ni pública del líder del Partido Liberal, el hecho de que haya trascendido a los titulares noticiosos y que seguramente se discuta en la arena política, es también una muestra del inquietante tono que está alcanzando la discusión en el país.

Parece oportuno recordar que uno de los factores que los historiadores mencionan como causa de la violencia política, en especial durante el siglo pasado, ha sido el tema electoral. Y no solo en el enfrentamiento entre liberales y conservadores, en los años cuarenta y cincuenta. También en el origen y justificación que los líderes del M-19 le dieron, en los setenta y ochenta, a sus acciones de guerra y terror, a tal punto que el nombre mismo de esa agrupación armada, aludía a la fecha de las elecciones presidenciales de 1970 en que hubo acusaciones de fraude.

Pero no solo por razones históricas, sino porque, en un mundo en grave crisis económica, el palo no está para cucharas, los distintos actores de la política colombiana, lo mismo desde la orilla del Gobierno, que desde la oposición, deben abstenerse de echarle leña al fuego de ese modo. Enrarecer el ya cargado clima de crispación no sirve a propósito alguno, pues golpea a la inversión y al consumo. Sería bueno que así lo entendieran todos los protagonistas.