La polémica surgida en torno a si los hijos del Presidente de la República siguieron o no las normas establecidas, o fueron objeto de favoritismo en la conformación de la Zona Franca de Occidente, ha relegado a segundo plano un debate que merece celebrarse en Colombia. Sin desmedro de las amplias explicaciones dadas por Tomás y Jerónimo Uribe con respecto a un tema que tiene un claro tinte político y sobre el cual hay versiones e interpretaciones diferentes, hay que hacer un análisis de otro tipo. Éste tiene que ver con la conveniencia de la política gubernamental de multiplicar las áreas de terreno que tienen reglas de juego privilegiadas, con todos los beneficios e inequidades implícitas que traen.

Para comenzar, vale la pena decir que las zonas francas, concebidas originalmente como áreas aduaneras especiales, destinadas a integrar mano de obra e insumos nacionales en productos destinados a los mercados externos, sin pasar por los engorrosos trámites de las importaciones ordinarias, han perdido su vocación en el país. Gracias a una legislación excesivamente elástica, primero se convirtieron en mecanismos para dilatar el pago de los impuestos sobre las importaciones destinadas al resto del territorio nacional, y más recientemente, en pequeños paraísos fiscales que están inundando el país, atraídos por generosos beneficios tributarios.

En su momento, la justificación dada fue la de promover inversiones que necesitaban un impulso decidido. El ejemplo utilizado fue el de Irlanda, un país que a punta de cortejar al sector privado, en algo más de una década pasó de ser uno de los más atrasados a uno de los más modernos de Europa, así la crisis económica internacional le haya pasado una costosa factura. En el caso colombiano, el modelo ensayado ha desembocado en la creación de 47 áreas de producción en donde se planea o se están invirtiendo 11,2 billones de pesos, generando así más de 42.000 empleos directos. Buena parte de las nuevas zonas francas entra dentro de la categoría de especial y corresponden a empresas individuales que adelantan proyectos específicos. Dentro de sus muchos atractivos, quizás el más evidente es el de aplicar un impuesto de renta del 15 por ciento, casi 20 puntos porcentuales por debajo de la tarifa general establecida para las actividades empresariales en el país.

A pesar de que existe un procedimiento definido y que el Gobierno ha fijado una serie de requisitos estrictos cuyo incumplimiento puede llevar a sanciones, los críticos del esquema insisten en que buena parte de las iniciativas en desarrollo habrían tenido lugar de todas maneras. Para algunos lo lógico habría sido disminuir las tarifas generales y beneficiar a todo el sector privado, no tan solo a unos pocos. Eso para no hablar de la pérdida de ingresos públicos, estimada en billones de pesos a lo largo de las próximas décadas.

Pero los ataques no paran ahí. Además de los nocivos efectos sobre los recaudos del Estado, los sacrificios fiscales rompen la equidad y son en consecuencia injustos. Y es que para acceder a las zonas francas se requieren condiciones que no están al alcance de las medianas y pequeñas empresas que son, de paso, las mayores generadoras de empleo, que es sin duda el peor de los males que agobia al país en materia económica y social.

Para los expertos, además de equitativa y justa, la tributación debe ser transparente, atributo que se logra cuando los beneficios se conceden a todos los contribuyentes, no en forma discrecional, como ocurre en las zonas francas. Porque si bien las normas establecen las bases de los esquemas, siempre quedan áreas grises donde es difícil trazar una línea entre la interpretación ajustada a la letra y al espíritu de la ley y la decisión basada en otras consideraciones.

En consecuencia, y a la luz de las circunstancias actuales, no estaría de más que el Ejecutivo vuelva a analizar la conveniencia de un sistema que probablemente requiera ajustes y una segunda mirada, así como la evaluación plena de sus costos fiscales. No se trata, en absoluto, de dar marcha atrás, sino de corregir el rumbo de un modelo que tiene elementos buenos, pero también implicaciones perversas en términos de equidad y transparencia.