Una polémica mayúscula tiene en esquinas opuestas al Gobierno y a los productores de etanol, dentro de los cuales están los más importantes ingenios azucareros del país. La causa de la disputa es un cambio en la fórmula de cálculo del precio del carburante que se mezcla con la gasolina vendida en Colombia desde mediados de la presente década, según lo dispuso una resolución del Ministerio de Minas hace unos días. Como resultado, el precio por galón del combustible se redujo en 1.577 pesos, casi una quinta parte menos del nivel que éste tenía en marzo. Aunque dicha rebaja no será notada por los consumidores a la hora de llenar el tanque de sus vehículos, sin duda ha sacudido hasta los cimientos a un sector que creía tener un futuro despejado, por lo menos en este frente.
Todo comenzó con la Ley 693 de 2001, que fijó cronogramas e incentivos tendientes a que gasolina y alcohol fueran combinados de manera gradual y creciente, con dos objetivos principales. El primero fue darle una salida a los productores de caña de azúcar, vulnerables a los vaivenes de precio del bien en los mercados. El segundo fue el de embarcar a Colombia en la nave de los biocombustibles, cuya importancia debería aumentar en el futuro.
Quizás por ello, la administración de Álvaro Uribe abrazó con entusiasmo el tema, como quedó reflejado en las leyes 788 del 2002 y 939 del 2004, en las cuales se fijaron una serie de estímulos tributarios para estimular la actividad. De manera complementaria, varios decretos del Ejecutivo agregaron beneficios, incluyendo la flexibilización de la normatividad de zonas francas. Como si lo anterior no fuera poco, la elevación de los precios del petróleo hasta mediados del 2008 convenció a muchos de que Colombia había logrado dar un salto importante en el asunto, con posibilidades de convertirse en una potencia regional, tan solo por detrás de Brasil que lleva décadas de experiencia.
Tales factores, generaron un gran interés del sector privado. Por un lado, diversos estudios demostraron que a la hora de producir alcohol, ningún producto agrícola resulta más eficiente que la caña. Por otro, el requisito de que 10 por ciento del combustible automotor fuera etanol mostró que había un mercado cautivo que tendería a aumentar en la medida que creciera el parque automotor y fueran revisadas las proporciones de la mezcla en el futuro. En forma paralela el biodiésel, derivado en su mayoría del aceite de palma, empezó a ganar adeptos, con lo cual se llegó a afirmar que los cultivos destinados a este propósito podrían ascender a los 3,5 millones de hectáreas, un área cercana a la dedicada en las demás actividades agrícolas.
Tales posibilidades dependen, sin embargo, de múltiples factores. El más importante, sin duda, son los precios, difíciles de fijar en un negocio en donde las transacciones son escasas y, normalmente, cada país consume lo que produce. Por tal motivo, un documento aprobado por el Conpes en marzo del 2008 indicó que, en el caso concreto del etanol, el cálculo tendría como referencia el precio de paridad de exportación del azúcar blanco refinado. Bajo esa lógica, los ingenios tendrían argumentos para 'sacrificar' ventas del alimento y dedicar parte de sus esfuerzos a la fabricación de alcohol.
El problema es que ese esquema funcionaba bien en un mundo en donde los precios de las materias primas se mantuvieran al alza. En cambio, ahora que las cotizaciones del petróleo están en cercanías de los 50 dólares por barril, los biocombustibles son más costosos que el crudo. Para colmo, la fórmula empleada en Colombia iba en contravía de las tendencias mundiales, con lo cual empezaron a subir de tono las voces de que el Gobierno estaba privilegiando a unos pocos. Así, las cosas, el Ministerio de Minas tomó como nueva base de liquidación el precio del azúcar cruda, lo cual tiene lógica, pero constituye un cambio en las reglas del juego. Ahora, el peligro es que los proyectos de expansión que estaban en marcha se detengan, por lo cual sería necesario encontrar un justo medio entre los reclamos de los productores y las aspiraciones de los consumidores. Por ello, la pregunta es si habrá voluntad de ambos bandos para llegar a un acuerdo.