Acaban de pasar las tres primeras semanas del período legislativo de este semestre del año. Se trata de un ciclo mucho más corto que el de la segunda mitad del 2009, pues dura apenas trece semanas, contra veintiuna. Si a eso se agrega el receso de Semana Santa, no hay duda de que el tiempo apremia para las iniciativas legislativas. Y si se tiene en cuenta que las sesiones están atravesadas por la 'papa caliente' del referendo que abre las puertas a una segunda reelección presidencial, que viene adobada de debates tanto políticos como jurídicos, no es mucho lo que se puede esperar del trabajo de las Cámaras de aquí al 20 de junio.

Lo anterior explica que el nerviosismo ya se haya apoderado del Gobierno. El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, tuvo en estos días un duro cruce de espadas con la representante Karime Mota, presidenta de la Comisión Primera de la Cámara. Valencia se quejó de que temas como la reforma política, pendiente de aprobación por parte de ese cuerpo, no tenga siquiera ponentes. Y la representante, que aunque es uribista, suma ya varios rifirrafes con voceros del Ejecutivo, le contestó en tono mayor, advirtiéndole que no se inmiscuyera en la autonomía del Congreso.

Pero esta no es la única confrontación protagonizada por el ministro Valencia. Interesado en que el referendo para la reelección avance por un camino descongestionado, el titular de la cartera política ha expresado la oposición del Gobierno a dos consultas más de iniciativa popular: el del agua y el que busca imponer la prisión perpetua a los violadores de menores. El Ejecutivo tiene argumentos de consideración para oponerse a ambas propuestas.

Sobre el referendo del agua, considera que establece inequidades regionales y sociales. Sobre el de la cadena perpetua para los violadores de menores, cree que desequilibra el sistema penal, según el cual los crímenes más atroces tienen una pena máxima de 40 años.

Pero más allá de esas consideraciones, la oposición del Ejecutivo tiene que ver con que no quiere más referendos que el de la reelección, no solo porque esas iniciativas congestionan el trabajo parlamentario, sino porque harían lo mismo con la agenda electoral. El problema para el Ministro consiste en que el argumento central con que ha defendido el referendo reeleccionista es que llegó al Congreso por iniciativa popular, por la modalidad de la recolección de firmas, y que esa voluntad de millones de firmantes hay que respetarla. Y ese mismo argumento puede esgrimirse a favor de las consultas del agua y de la prisión de por vida para los violadores. La postura del Gobierno es complicada, pues corre el riesgo de contradecirse y sostener que lo que hace bueno al referendo reeleccionista no hace buenos a los otros dos.

Como puede verse, la agenda está centrada en dos temas puramente políticos (referendo reeleccionista y reforma política), uno social y medioambiental (referendo del agua) y uno judicial (referendo por la cadena perpetua para violadores). Todo esto en momentos en que el coletazo de la crisis económica mundial parece sentirse en Colombia cada vez con más fuerza, como lo evidencian el aumento del desempleo y la caída tanto en ventas como en exportaciones. Como ya lo hemos señalado en estas páginas, la mayoría de los parlamentos del mundo están dedicados, por cuenta de la crisis, a los asuntos económicos. No ocurre lo mismo en el país, donde el equipo económico del Gobierno sostiene la tesis de que ya tomó las medidas y de que no hace falta nada que requiera un esfuerzo legislativo.

¿Qué tan válida es esa posición? En días recientes ha quedado en evidencia que el plan de inversión en infraestructura, promovido por el Gobierno como esfuerzo anticrisis, enfrenta muchos problemas de ejecución. ¿No tendría sentido, como lo han sugerido algunos analistas, que el Ejecutivo llevara al Congreso un proyecto de ley que, de modo excepcional, permitiera agilizar los trámites burocráticos y jurídicos de esas inversiones, que son una de las causas de las demoras?

Sin duda. Pero las cartas de la legislatura ya parecen jugadas y, por absurdo que parezca, en medio de la mayor crisis económica del planeta en décadas, los temas económicos no serán prioridad en las diez semanas de trabajo que les quedan a las Cámaras.