Uno de los temas que dominó la agenda en la reunión del G-20, que se realizó en Londres, fue el de los temas fiscales. Semanas atrás, antes de que los poderosos dieran inicio a la cita en la que se diseñaría una receta conjunta para mitigar la crisis económica, varios países europeos señalados de ser o estar en camino de convertirse en paraísos fiscales anunciaron una flexibilización de su secreto bancario.

El destape buscaba esquivar la 'lista negra' de paraísos fiscales que la Ocde estaba a punto de publicar. Y que finalmente vio la luz después de la reunión del G-20.

Los países europeos que habían anunciado abrir sus libros no quedaron en el listado de la Ocde, que finalmente señaló a cuatro naciones (Uruguay, Costa Rica, Malasia y Filipinas) por no comprometerse con respetar las normas internacionales en materia fiscal. Otra 'lista gris' de 38 Estados que no las aplican 'sustancialmente' fue revelada.

El listado presentado por la Ocde surtió efecto de inmediato. Solo unas horas después de que fuera publicado, Uruguay se comprometió a cumplir con las exigencias en materia fiscal. La organización decidió entonces retirar al país suramericano.
Vale la pena anotar que en el 2000, la Ocde divulgó un listado de 35 países acusados de ser laxos y opacos en materia fiscal, a los que se les exigía un cambio en sus legislaciones. En ese entonces aunque hubo pequeños cambios, no se logró el efecto que ha ocurrido en el último mes en el que la estricta postura europea (liderada por Alemania y Francia) terminó por llevar a la picota pública a los países para que de verdad se comprometan a dejar de ser un oasis para la evasión de impuestos.

Este es sin duda, el primer efecto real de las decisiones del G-20 en la economía.