Una singular disputa surgió en las horas recientes, entre la directora saliente de Planeación Nacional, Carolina Rentería, y los voceros de los municipios y departamentos. Desde hace días, la jefe del DNP había instado a los alcaldes y gobernadores a acelerar la ejecución de sus obras y programas, en especial en el campo de la infraestructura, y les había dicho que para ello contaban con más de cinco billones de pesos que, según la entidad, estaban colocados en cuentas de ahorro y TES. Para el Gobierno, esos dineros no deben permanecer allí depositados, sino que tendrían que ser usados lo antes posible en obras, como parte del esfuerzo anticíclico para paliar, con inversión pública generadora de empleo, el coletazo de la crisis económica mundial.

Pero el miércoles, el presidente de la Federación de Municipios, Gilberto Toro, refutó a la funcionaria, alegando que esos dineros no están todos disponibles y que la cifra mencionada por el DNP era más el resultado de un ejercicio contable que de una realidad. Para el directivo, los fondos ya están asignados a contratos en firme o en ejecución, y solo poco más de dos billones de pesos estarían disponibles para nuevas obras. En cualquier caso, aseguró la Federación, esos dos billones estarían comprometidos en los planes departamentales de agua.

Planeación Nacional respondió a su vez, asegurando que las cifras que reveló son el resultado de un detallado estudio hecho por el Consejo de Política Fiscal, Confis, a lo que los municipios contestaron alegando que aún así, esos recursos no están disponibles y, en consecuencia, el pedido del Gobierno Central carece de sentido, pues los entes territoriales no tienen cómo ejecutar más allá de los recursos asignados y, en su inmensa mayoría, ya están destinados a fines concretos.

Pero más allá del debate en el que cada parte parece convencida de sus propios argumentos, la realidad es que asoma aquí un grave tropiezo en el muy justo propósito del Presidente de la República y de su equipo económico, por responderle a la crisis con inversión en obras. No hay que olvidar que el año pasado, cuando la economía colombiana aún tuvo arrestos para crecer, el sector de infraestructura cayó un 8 por ciento, en buena medida por los problemas de las autoridades, en especial del Ministerio de Transporte y las entidades a él adscritas, para ejecutar o sacar adelante varios proyectos emblemáticos. Algunos analistas han asociado esta caída con el retroceso, que ya lleva varios meses, en materia de empleo. Es bien sabido que iniciativas como la construcción de sistemas de transporte masivo, o la de dobles calzadas generan trabajos de manera directa y activan, por vía indirecta, la contratación en los sectores de ladrillo, cemento o acero.

Si las críticas de la Federación de Municipios se suman a las que algunos expertos le hicieron al DNP hace algunas semanas, cuando sostuvieron que el programa que el Gobierno presentó como receta ante la desaceleración, no incluía recursos distintos a los ya previstos en el presupuesto de 2009 aprobado hace más de seis meses, antes del estallido de la debacle mundial, el Ejecutivo no sale bien parado. Y menos aún, las perspectivas de la economía colombiana para este año. Pues si es verdad que, en el nivel nacional, ni en el nivel departamental, distrital o municipal va a haber un significativo aumento de la inversión en infraestructura, entonces deja de ser creíble el mensaje enviado por las autoridades económicas a los mercados, en el sentido de que ésa es una poderosa herramienta anticíclica que va a servir para mitigar los vientos recesivos.

No obstante, el mensaje en el sentido de que hay que acelerar en lo posible la ejecución pública, es válido, incluso si hay discusión sobre las cifras de Planeación. Lo ideal sería aprovechar la oportunidad que surge con el debate, para que gobernadores, alcaldes y equipo económico, se sienten a analizar no sólo cuál es la realidad de las cifras, sino cuál es el atajo más rápido para que sea posible acelerar este tipo de inversión. En muchos casos, trabas jurídicas o burocráticas demoran los proyectos, y una sentada a manteles de autoridades de todos los niveles podría ofrecer las claves para resolver esos entuertos, y si bien no garantizar que se sumen cinco billones de pesos al esfuerzo, al menos que no se frene lo que ya está previsto y que, a juzgar por las cifras, no es de poca monta. Eso incluiría que ciertos ministerios mejoren sus procedimientos y puedan demostrar con hechos que la agilidad en el gasto involucra a todos los niveles del Estado.