No obstante, son relativamente escasos los análisis sobre las consecuencias sociales de la encrucijada actual. Si bien el Banco Mundial ha dicho que el número de pobres en el planeta podría aumentar en 50 millones de personas y el BID considera que en América Latina esa cifra podría superar la marca de los 12 millones, faltan cálculos más precisos. Por ahora es claro que la principal vía de transmisión está relacionada con la mayor desocupación prevista. Colombia es un claro ejemplo de ello, pues la población con trabajo en las trece ciudades principales decreció en términos absolutos en enero y la previsión es que esa dinámica negativa continúe a lo largo del presente año.

En una región en la cual más de la mitad de las personas pertenece al sector informal, el impacto es sensible. La razón es que en Latinoamérica, y con contadas excepciones, no existen los seguros de desempleo, ni las redes de apoyo típicas de otras latitudes, necesarias para mitigar el golpe previsto.

Todo esto ocurre, justo cuando el hemisferio había completado más de un lustro de consolidar importantes avances contra la pobreza. De acuerdo con la Cepal, la proporción de habitantes que ganan menos de dos dólares al día pasó de cerca de la mitad a una tercera parte desde el 2002. En números absolutos, unos 40 millones de seres humanos desde México hasta la Patagonia lograron 'graduarse' a niveles superiores de ingreso en la región, lo cual explicó en parte el aumento en el consumo de diversos bienes en los últimos años. Esa evolución positiva habría tenido lugar en Colombia, a pesar de que los datos disponibles para el país corresponden al 2005. Sin embargo, la Encuesta de Calidad de Vida, hecha pública por el Dane hace unos días, mostró que la proporción de personas que se considera pobre en el país disminuyó en 19 puntos porcentuales en el último lustro.

Frente a la magnitud de lo sucedido, son pocas las naciones que han podido reaccionar en forma contundente. La única excepción notoria es Chile, que responsablemente ahorró parte de los excedentes que le generaron los extraordinarios precios del cobre, con el fin de gastar durante la época de 'vacas flacas'. De tal manera, el Gobierno de Michelle Bachelet ha puesto en marcha un programa valorado en 4.000 millones de dólares.

En el resto del hemisferio, el esfuerzo ha sido el de mantener los presupuestos públicos intactos, lo cual constituye una diferencia fundamental con el manejo de crisis anteriores, en las que los recortes eran la norma y no la excepción. Gracias a ello, los programas de transferencias condicionadas, que están vigentes en 13 naciones latinoamericanas, siguen su curso. Estos tienen diferentes nombres según el país: Bolsa Familia en Brasil, Oportunidades en México y Familias en Acción en Colombia. En este último caso, estaba prevista una expansión del número de beneficiarios hasta más de tres millones de personas con lo cual, y por pura coincidencia del destino, hay más mecanismos que en otros territorios para apoyar a los más pobres.