"Fue -dijo uno de los asistentes- como escuchar la crónica de un faltante anunciado". Esa frase resume la impresión que dejó la rueda de prensa del pasado lunes 19, durante la cual el Ministro de Hacienda presentó el Plan Financiero del sector público para el año en curso. Tal como lo venían pronosticando diversos analistas, el Gobierno aceptó que el escenario actual es bastante más oscuro y que afectará en forma sustancial las previsiones contenidas en el presupuesto del 2009. En cifras gruesas, el desfase frente a lo previsto asciende a 5,5 billones de pesos una cifra importante que se suma a las preocupaciones derivadas de la desaceleración de la economía.

Es precisamente el menor ritmo de la producción, el primero que va a afectar los recaudos. Y es que una tasa de crecimiento del PIB estimada en 3,5 por ciento para el 2008 y 3 para el ejercicio actual, implica que los consumidores van a gastar menos y que las empresas van a recortar su ritmo de inversión y ventas, factores que golpean las cuentas de lo que se obtiene por IVA o por impuesto de renta. Como si eso no fuera poco, la inflación del año pasado superó las metas, al igual que la devaluación. Así las cosas, el cálculo es que los ingresos fiscales disminuirán en 4,1 billones de pesos, mientras que los gastos subirán en 1,1 billones, debido al costo más elevado de la deuda y a los reajustes en los salarios públicos, por encima de lo vaticinado.

En respuesta, el Gobierno tomó dos decisiones. La primera estaba anunciada y consiste en posponer gastos por 2,5 billones de pesos, bajo el entendido de que lo que hoy es un aplazamiento mañana será un recorte, si las condiciones actuales no mejoran. La segunda determinación es más polémica y consiste en permitir que el déficit fiscal suba en 3 billones de pesos, lo que constituye un retroceso en el mejoramiento que habían tenido las finanzas estatales desde comienzos de la década. Debido a ello, la proporción de la deuda pública llegará al 32,4 por ciento del PIB, ligeramente más que en el 2008 y 1,4 puntos porcentuales por encima de lo fijado en el marco fiscal de mediano plazo promulgado hace unos meses.

El dar un paso atrás en esa materia seguramente generará quejas por parte de los economistas ortodoxos, después del esfuerzo hecho para poner a las finanzas públicas en cintura. En respuesta, el Ministerio asegura que hay razones técnicas para justificar la decisión y que sigue manteniendo las cosas bajo control. Por otro lado, es evidente que la sensibilidad frente a los saldos en rojo en las cuentas públicas es menor hoy en día en el mundo, por cuenta de los descomunales paquetes de apoyo aprobados en Estados Unidos, Japón y Europa. Además, hay quienes creen que un apretón demasiado fuerte en los egresos de la nación podría contribuir a empeorar los ya mediocres números de la economía colombiana.

Frente a las preocupaciones de quienes dicen que conseguir el dinero para tapar el hoyo adicional es muy difícil, el Gobierno responde que ya tiene aseguradas las fuentes de recursos. Así, casi dos terceras partes vendrían de la emisión de bonos y de deuda multilateral ya contratada, mientras que el saldo resultaría de la ganancia cambiaria cuando se conviertan a pesos dineros que la tesorería tiene en dólares, al igual que del aumento previsto en las utilidades del Banco de la República.

Si esas cuentas resultan, es algo que solo se sabrá con el tiempo. En un primer momento los mercados reaccionaron con calma a los anuncios, aunque es seguro que estos alejan la ya remota posibilidad de que el país obtenga el anhelado 'grado de inversión' en la calificación de su deuda pública. Pero es evidente que esa ya no es la prioridad de una política fiscal que el Minhacienda califica de 'razonablemente anticíclica'.

Por ello, la presentación del lunes tuvo un acápite importante, dedicado a la estrategia frente a la crisis mundial, en la cual se hizo énfasis en las rebajas de impuestos decididas cuando las preocupaciones eran otras y en el aceleramiento de la ejecución de las inversiones. En cambio no hubo mención del impacto que tendrá el diferencial de precios de la gasolina, que puede ayudar a las arcas públicas, pero sobre el cual el Gobierno prefiere no hacer la cuentas de la lechera, para evitar que se le rompa más el cántaro.