No es necesario ser un especialista en temas económicos para darse cuenta de que el dato correspondiente a la inflación del 2008 no tuvo nada de bueno. Según el Dane, al aumento en el Índice de Precios al Consumidor fue de 0,44 por ciento en diciembre, con lo cual el acumulado del año pasado llegó a 7,67 por ciento, la peor cifra registrada desde el cambio de siglo. El resultado no solo superó de lejos la meta fijada, sino que genera inquietudes, justo cuando resulta claro que enero no comenzó con el pie derecho.

Y es que en una economía como la colombiana, que está parcialmente indexada, una mayor carestía influye sobre otros costos, como lo acaba de demostrar el nuevo nivel del salario mínimo. Sin entrar a discutir sobre si la decisión adoptada por el Gobierno fue la correcta, el reajuste le echa más leña a una hoguera que ha devorado una parte importante del poder de compra de los consumidores nacionales.

Lo curioso es que todo ocurre, justo cuando en el mundo desarrollado siguen creciendo los temores de una deflación. Con las ventas de automóviles y casas en caída libre, la preocupación ahora es que comience un círculo vicioso que lleve a una baja sensible de precios y negocios y a una nueva cadena de despidos y cierres de compañías. El contraste entre la realidad local y la de los países más ricos vuelve a demostrar que, también en este caso, todo extremo es perverso.

De vuelta a Colombia, es indudable que lo que ocurrió en el 2008 tuvo mucho que ver con los alimentos. Primero como consecuencia de la situación internacional de las materias primas y luego por cuenta de las inclemencias del clima, una serie de productos claves en la canasta familiar registraron alzas descomunales. Ese fue el caso de la cebolla que subió 92 por ciento, pero también el del arroz, con un aumento del 65 por ciento, y el de la papa, con 50 por ciento. Al final, la comida creció 13,17 por ciento en promedio, golpeando sobre todo a las personas de estratos bajos que dedican una mayor proporción de su ingreso a alimentarse. Así, mientras la subida en el IPC fue de 5,94 por ciento para los colombianos de estratos altos, la cifra para los más pobres fue de 8,99 por ciento.

Una responsabilidad menor, pero importante, le corresponde a los llamados precios regulados. Dicho de otra manera, si 78 por ciento de la mayor inflación fue culpa de los alimentos, el saldo tuvo que ver con que el galón de gasolina pasó a costar 11,9 por ciento más y el valor de la energía eléctrica saltó 18,4 por ciento.

A la luz de lo ocurrido, es particularmente cuestionable la decisión del Gobierno de congelar los precios de los combustibles en niveles que equivalen a unos 75 dólares por barril de petróleo, a pesar del descenso visto en los mercados. Si bien es válido el argumento de tener un mecanismo que sirva para aplanar los picos y caídas en las cotizaciones de un insumo que ha sido particularmente volátil, había margen para un alivio mayor que los 60 pesos por galón decretados en diciembre. Pero eso no fue posible, debido al declive en los ingresos fiscales y la reticencia del Ejecutivo para recortar su programa de gastos de manera definitiva. Así las cosas, resultó más fácil apelar a un artículo que fue incluido en la Ley que aprobó el Plan de Desarrollo y que había pasado desapercibido hasta ahora.

A pesar de que dicho texto le da blindaje a la posición gubernamental de congelar precios, el riesgo es que la baja en el ritmo inflacionario sea menos pronunciada. Una vez más, el resultado del año volverá a depender de lo que pase con los alimentos, pues si las normas del ciclo agrícola se cumplen, los próximos meses deberían venir acompañados de rebajas. Pero esa es tan solo una posibilidad que palidece frente a la cuesta de enero, sobre cuya pendiente el Gobierno podría haber actuado de manera más decidida.