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Las declaraciones hechas por el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Edmundo del Castillo, causaron escozor en el sector financiero. En una charla con El Tiempo, publicada el domingo pasado, el funcionario sostuvo que los bancos estarían obligados a darles créditos y refinanciar deudas a los colombianos afectados por las pirámides porque, entre otras razones, dichas operaciones estarían avaladas por la nación, a través del Fondo de Garantías.

Pero más vale que no sea así. Una cosa es que el Gobierno trate de enmendar la plana, a la hora de aliviar un problema frente al cual reaccionó mal y tarde, y otra es que obligue a hacer préstamos por decreto. Pero aún peor es que insinúe que la luz verde debería llegar, con el argumento de que si el dinero se pierde, la cuenta se le carga al Estado. A Del Castillo solo le faltó invitar a los deudores a no pagar, lo cual es sin lugar a dudas popular, pero a todas luces irresponsable.

La razón es que las instituciones de crédito tienen protocolos que deben seguir, independientemente del monto de las operaciones o del respaldo que estas tengan. El cumplimiento de esas normas es lo que genera la confianza del público, que debe mantenerse a toda costa. Insinuar que es razonable una cultura del no pago, es peligroso, crea falsas expectativas y puede desembocar en pérdidas que le cuesten a todos los colombianos.

En consecuencia, si de regalar la plata se trata, lo lógico es que el Gobierno pida las autorizaciones del caso. El problema, claro, es que eso es imposible. ¿Acaso es justificable darle recursos a quien aspiraba a ganarse el 300 por ciento anual? ¿Por qué no comenzar con los agricultores, los desplazados o los habitantes de Plato, cuya única culpa es la de vivir al lado del río Magdalena? Habrá que esperar la respuesta del Secretario de Palacio.

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