Incluso en la tierra que le dio su paternidad a Macondo, las noticias relacionadas con el caso DMG parecen desafiar los límites del 'realismo mágico'. No de otra manera se puede entender la autorización dada por el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, para que el Gobierno explore con David Murcia Guzmán caminos para solucionar la crisis que afectó a cientos de miles de personas, concentradas en los departamentos del sur del país. El permiso también se extendería a representantes de las víctimas, aunque en este caso los detalles son todavía más difusos.

Aunque en principio el motivo de la cita es la búsqueda de alternativas, el trasfondo es preocupante. A escasas cinco semanas de la intervención de diversas pirámides, todo sugiere que las incautaciones de dinero representan una fracción de lo reclamado y que los investigadores estatales no han podido armar el rompecabezas ni entregar respuestas satisfactorias. De manera repetida, los plazos para la recepción de reclamaciones han sido ampliados, mientras que el público se queja de un trato displicente cuando hace entrega de los formularios requeridos.

Para colmo, Murcia Guzmán sigue sosteniendo que lo suyo era un negocio lícito y que la única salida viable es la reapertura de las docenas de empresas que controlaba. Pero ese es un escenario inaceptable para los entes estatales que se expondrían a demandas multimillonarias, por cuenta de las decisiones tomadas antes y después de la declaratoria de Emergencia Social a mediados de noviembre.

Así las cosas, las esperanzas de una salida pronta se diluyen con el correr de los días. Y aunque nadie dijo que desenredar la madeja fuera fácil, todo indica que el Gobierno está haciendo más tortuoso un camino empedrado con las ilusiones de miles de personas.

Mensajes a:
ricavi@portafolio.com.co