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Al accidentado trámite del proyecto de referendo para abrir las puertas a que el presidente Álvaro Uribe tenga la posibilidad de ser reelegido nuevamente, se le sumó, al cierre de las sesiones del Congreso en la madrugada del miércoles 17, un nuevo ingrediente: el debate sobre si el Gobierno y las Cámaras legislativas incurrieron en un vicio de forma a la hora de su aprobación. En medio de la agitada noche de clausura de las sesiones ordinarias, resultó evidente, faltando veinte minutos para la medianoche, que el proyecto de referendo no iba a ser votado por la plenaria de la Cámara de Representantes. Dictó entonces el Gobierno un decreto para convocar a sesiones extraordinarias, de modo que la corporación pudiese volver a reunirse. Y en ese momento, pudo haber incurrido en una violación al reglamento del Congreso que prevé, en su Artículo 85, que las extras solo puedan ser convocadas durante el receso de éste y no mientras está sesionando, como en efecto ocurría antes del cambio de día.

Aunque a todas luces parece un tema menor, es el típico debate legal que en Colombia coge vuelo y tiene consecuencias políticas.

Era lo único que le faltaba a un asunto que perturbó durante casi cuatro meses la legislatura y que, ahora que la Cámara en pleno lo aprobó, deberá cursar dos debates más, uno en la Comisión Primera del Senado y otro en la plenaria. Lo que quiere decir que el proyecto, que llegó al Congreso con el respaldo de cuatro millones de firmas certificadas por la Registraduría, seguirá agitando el panorama político y enrareciendo el ambiente parlamentario cuando vuelvan las sesiones ordinarias a mediados de marzo.

La decisión de convocar a sesiones extras fue leída por muchos como un cambio de postura formal del Gobierno, quien por boca del propio presidente Álvaro Uribe, había dicho una y otra vez que le dejaba al Congreso toda la libertad para decidir sobre el referendo, pues no lo consideraba una prioridad del Ejecutivo. Al convocar a extras para ese tema y dos leyes sobre asuntos de menor importancia, el Gobierno destapó sus cartas y dejó en claro que considera el tema una prioridad. De hecho, muchos creen que en enero habrá extras en el Senado para que lo estudie y evitar así tener que esperar hasta marzo, cuando los plazos resulten excesivamente apretados para que la iniciativa, sobre la que debe rendir concepto el Procurador y que debe ser avalada por la Corte Constitucional, sea aprobada en el 2009.

El hecho es que, en buena medida por cuenta del referendo, la legislatura cerró con un balance muy pobre. La reforma a la justicia, tan necesaria, pero cuyo texto había traído muchísima controversia, fue retirada por el propio Gobierno. En cuanto a la reforma política, la evaluación de los expertos es que su texto está lejos de llenar las expectativas que la iniciativa, definida en un principio como un sólido blindaje a la democracia contra el influjo de mafias y grupos armados ilegales, despertó en un principio. El ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien hizo parte de la comisión de notables que el Gobierno creó para que planteara propuestas para esa reforma, ha dicho que entre lo que él y sus colegas de comisión plantearon hace cinco meses y el texto que salió aprobado el martes en la noche, hay una enorme distancia.
En cuanto a las leyes económicas, el resultado es lamentable. Si bien el Presupuesto Nacional fue aprobado, tanto los supuestos como el análisis de los posibles escenarios brillaron por su ausencia. Así las cosas, Colombia comienza el 2009 con unas proyecciones de ingresos y gastos que nada tienen que ver con la realidad, lo cual obligará a revisiones sucesivas en los meses por venir. Por otro lado, la reforma financiera quedó en veremos, al igual que iniciativas como la segunda vivienda. De lo poco destacable es el avance del proyecto que adopta los estándares internacionales de contabilidad, al igual que el texto que prohibe a las municipalidades tercerizar el recaudo de impuestos, ideas de iniciativa parlamentaria.

No obstante, resulta increíble que en medio de la peor crisis económica desde la época de la Gran Depresión hace casi ocho décadas, el tema de la crisis y sus implicaciones para Colombia haya sido despachado a la ligera, como si la fuerte desaceleración de la tasa de crecimiento fuera un asunto de segundo orden.

Ahora, solo queda esperar que el Congreso recupere su prestigio en la próxima legislatura, algo que lamentablemente se ve difícil, en la medida en que la sombra del referendo y del comienzo de la campaña electoral, siga dominando en los debates.