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La medida tomada por el Gobierno del Ecuador, relacionada con el regreso del requisito de presentación del 'Certificado Judicial' para ingresar al país vecino, es una mala noticia. Y es que aparte de que las relaciones entre Bogotá y Quito sigan rotas, como consecuencia de los eventos del primero de marzo en el que murió 'Raúl Reyes', queda claro que la administración de Rafael Correa es amiga de jugar la carta del anticolombianismo, con fines políticos internos.

La razón no es otra que la ola de inseguridad que ha sacudido a los ecuatorianos y que ha generado críticas de los ciudadanos. En respuesta, el Palacio de Carondelet volvió a exhibir una carta conocida, consistente en echarle la culpa del deterioro del clima interno a la llegada de elementos indeseables, provenientes de su vecino del norte. Según el Decreto 1471 firmado por Correa el pasado primero de diciembre "la seguridad nacional se ha visto gravemente afectada debido a la incursión, principalmente de colombianos, que en algunos casos pasan a formar parte de asociaciones con fines delictivos".

Ante semejante afirmación, el Palacio de San Carlos dio a conocer un comunicado en el que rechazó lo dicho y anotó que "los colombianos residentes en el Ecuador conforman una comunidad honrada y trabajadora, que canaliza recursos de inversión, dinamiza el comercio y crea desarrollo y progreso".

Recordó, además, que la decisión viola acuerdos establecidos en el marco de la Comunidad Andina y que la xenofobia no es justificable, sobre todo venida de un país que tiene varios millones de sus nacionales viviendo tanto en Europa, como en América del Norte.