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La emergencia invernal que azota al país ha sido especialmente dura, con precipitaciones que han batido marcas en varias regiones, y una secuela de inundaciones y aludes con dimensiones de catástrofe nacional. Basta una mirada a las cifras -952.000 damnificados y más de 800.000 millones de pesos en pérdidas- para comprender que lo ocurrido es comparable a un devastador terremoto, sólo que extendido a 17 departamentos.

El Ministro de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, se ha visto obligado a responder en varios frentes. Por un lado, miles de familias han perdido sus viviendas. Por otra, hay decenas de acueductos regionales afectados, lo que ha obligado a destinar 130 mil millones de pesos a ese rubro. Pero lo más delicado es que la grave emergencia nacional ha desnudado muchas falencias en materia de medio ambiente.

La mayoría de las viviendas afectadas están en zonas de alto riesgo, propensas a las inundaciones y a los deslizamientos. Lozano ha dicho que las inversiones en nuevas unidades habitacionales sólo se harán en zonas donde no se presenten peligros de este tipo, y que cumplan con los POT (Plan de Ordenamiento Territorial) y demás planes regionales de urbanización.

Lo ocurrido en materia de vivienda ilustra a las claras cómo la ligereza de las autoridades ambientales en algunas regiones, abre las puertas a que muchos colombianos vivan al filo mismo del peligro. Cómo es posible que, a sabiendas de que todos los años hay zonas -casi siempre las mismas- que se inundan por el desbordamiento de ríos y quebradas, o que se ven afectadas por deslizamientos menores o grandes aludes de tierra y lodo, esas mismas áreas sean reocupadas, después de cada desastre por barrios informales, lo mismo en ciudades que en pueblos y veredas.

El Ministro ha apuntado con algo de razón a la enorme responsabilidad que pesa sobre algunas de las Corporaciones Autónomas Regionales, cuya tarea consiste justamente en proteger los recursos naturales como fórmula preventiva de estos desastres. Lozano ha sido especialmente duro con Corpomojana y la Corporación del Sur de Bolívar, que gastan enormes cantidades de presupuesto en burocracia y que, por vía de indiferencia o de corrupción, permiten la violación de las normas ambientales en ocupación de áreas de reserva, tala de bosques y desvío de quebradas, labores que luego la comunidad paga con desastres cuando llega el invierno.

En materia de corrupción, el Ministro y la Procuraduría se vieron obligados a intervenir la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, porque varios miles de millones de pesos para reforestación preventiva de deslizamientos e inundaciones, desaparecieron sin que un solo árbol fuera plantado.

Responsables de esas entidades se han defendido alegando que sus entidades carecen de 'dientes' para actuar. Pero esto no es tan cierto. Un buen ejemplo, según las autoridades nacionales, es Corpocesar, que ha ganado experiencia en una zona donde numerosas firmas privadas desarrollan explotaciones de carbón, la mayoría de ellas con buen nivel de cumplimiento de las normas ambientales.

Este año, como lo han señalado algunos medios de comunicación, Corpocesar inició una investigación a la mina de Cerro Largo, que explota la firma Norcarbón, por contaminar aguas y terrenos, deforestar áreas de reserva y explotar a cielo abierto sin el debido control de emisiones, y el Ministerio terminó cerrando la mina.

Norcarbón es propiedad del ex ministro de Comercio, Morris Harf, quien al parecer cuenta con buenas influencias de senadores amigos suyos, que intentaron que Corpocesar cambiara el rumbo de su indagación. Por eso, el propio Ministerio tuvo que intervenir.

Casos como ese justifican la idea de llevar a cabo una reflexión y una eventual reforma legal a las corporaciones regionales, que en muchas zonas se convirtieron en botines burocráticos ineficientes y corruptos. Y cuya incapacidad tiene relación con que el invierno cause muchos más estragos de los que debería.