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Ha pasado ya algo más de medio siglo desde cuando el entonces recién creado Banco Mundial, pieza fundamental del arreglo institucional multilateral de la posguerra, le dio un impulso decidido a la idea de que Colombia tuviera una entidad dedicada a la planeación. Como consecuencia de la primera misión de dicha entidad al país, el profesor Lauchlin Currie recomendó la creación de una dependencia adscrita a la Presidencia, encargada de asesorar al primer mandatario en el logro de una acción coordinada de la administración pública, con visión de largo plazo y caracterizada por un seguimiento permanente de los resultados.

Luego de una serie de intentos que buscaron cumplir con este cometido en la primera mitad de la década de los cincuenta, los presidentes Lleras Camargo y Lleras Restrepo dieron los pasos definitivos para institucionalizar ese modelo. Así, el primero creó en 1958 el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos y el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, y bajo su administración se elaboró el primer plan de desarrollo con un horizonte de diez años. El segundo logró la aprobación de una reforma constitucional que consagró el principio de la planeación como orientador de la acción de la Rama Ejecutiva, la cual debe, desde entonces, elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con una perspectiva de cuatro años. Por otra parte, le dio un carácter eminentemente técnico al departamento administrativo, al cual rebautizó como Departamento Nacional de Planeación (DNP), y le dio al consejo asesor del Presidente de la República, una nueva conformación y lo denominó Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). Ambos cambios persisten, con pocas modificaciones, hasta hoy.

El carácter técnico y el diseño de la institucionalidad alrededor de la planeación han tenido en el país una permanencia inusual en la región, así entidades como el Banco Mundial y la Cepal hayan impulsado la creación de estos arreglos en toda América Latina, con diversos grados de éxito.

Varias causas pueden alegarse como responsables de lo ocurrido en el caso colombiano, pero hay dos que pasarían cualquier filtro. En primer lugar, la disciplina de más de cuarenta años, de discutir en el Conpes las principales decisiones de política económica y social alrededor de documentos escritos de carácter técnico, que hoy superan los 3.500 y que constituyen una memoria institucional única en la región. La segunda es la de entregar al DNP la responsabilidad de asignar los recursos de inversión pública del presupuesto nacional, tarea que le permite defender el cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo.

Planeación Nacional ha cumplido la labor fundamental de ser el brazo técnico del Presidente de la República. Su ingerencia ha estado, por lo tanto, sujeta a la importancia que cada administración le ha dado a las labores técnicas y de coordinación que el DNP ejerce. También ha sido instrumental en la formación de funcionarios públicos de primera línea, lo que explica su atractivo permanente para los jóvenes más brillantes que egresan de las universidades.

Las orientaciones del DNP en procesos transformadores para el país como la descentralización, la apertura económica, el papel regulador del Estado y la necesidad de hacer énfasis en la inversión social, han sido fundamentales. Los próximos años mantendrán a esta entidad empleada a fondo para enfrentar los nuevos retos del desarrollo: la lucha integral contra la pobreza, crecer a tasas elevadas en un entorno globalizado, adaptarse a los efectos del cambio climático y, por supuesto, ayudar a construir lo que será un país en paz.

El Departamento Nacional de Planeación cumple 50 años muy bien llevados. La entidad, que representa junto con el Banco de la República una tradición de trabajo técnico poco común, pero ampliamente necesario y reconocido en la administración pública, es un activo que los colombianos deben cuidar y mantener.