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En medio de las protestas populares, el lío ocasionado por el derrumbe de un buen número de 'pirámides' en diferentes puntos de la geografía nacional no ha hecho más que complicarse. La razón es que a pesar de que el problema estaba anunciado, la respuesta del Gobierno sigue siendo débil y confusa. No de otra manera puede calificarse la abundancia de declaraciones de diversos funcionarios, para no hablar de la polémica entre los poderes públicos. Dependiendo de a quién se le pregunte, la culpa es del Ejecutivo, de la Fiscalía o del Congreso de la República.

A todas estas, la actitud del público es la de negar la existencia de un esquema de estafa. Muchos de los entrevistados culpan a la prensa o a las autoridades de lo sucedido, con el argumento de que los negocios eran sólidos hasta que se generó el pánico. Eso puede ocurrir, porque a nadie le gusta reconocer que tomó decisiones equivocadas, a pesar de las advertencias hechas. Pero más allá de la explicación, los tentáculos del escándalo se siguen extendiendo y pueden afectar no solo a la economía y a miles de familias, sino también el prestigio de las instituciones.