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La propuesta, aceptada ayer por el Ministro de Hacienda, de que el proyecto de ley de reforma financiera entre en una especie de hibernación en el Congreso, mientras se aclara el complejo panorama internacional, ha tenido más opiniones a favor que en contra. Eso puede sonar sorpresivo si se tiene en cuenta que la iniciativa fue presentada hace seis meses y que en un momento dado fue considerada como fundamental por el Ejecutivo.

Sin embargo, es indudable que el contexto de los cambios propuestos es muy diferente hoy en día. No es necesario ser un experto para darse cuenta de que el comportamiento de los mercados de dinero y de las bolsas de valores del mundo ratifica que la crisis era más profunda de lo considerado inicialmente. Las menores proyecciones de crecimiento económico para los países desarrollados y la falta de liquidez que persiste en los mercados internacionales, ha contagiado en las últimas semanas a las naciones emergentes. Tanto los mayores niveles de riesgo, como la devaluación de las monedas frente al dólar, son una prueba de ello.

A todas estas, los planes de salvamento adoptados por los Estados Unidos y los países de la llamada Zona euro contravienen la sabiduría convencional de cómo deben enfrentarse este tipo de desafíos. Las decisiones de nacionalización y de extender de manera ilimitada los seguros a los depositantes con cargo al presupuesto público, retan algunos principios que se creían elementales sobre el riesgo moral y los límites a la intervención estatal. A lo anterior, se suma que aún es incierto si las medidas de salvataje van a tener los resultados buscados o, si se necesitarán mayores esfuerzos por parte de las autoridades para controlar la debacle.

En medio de tanta incertidumbre internacional, es necesario aceptar que el proyecto de reforma financiera, salvo en lo que hace referencia a la regulación de los fondos de pensiones, no introduce modificaciones estructurales al funcionamiento de un sistema que, por cierto, tiene elementos de blindaje destacables. Iniciativas, como las tendientes a fortalecer la protección de los consumidores, son importantes, pero no son indispensables en un coyuntura como la actual. Es más, aparte de lo que ya existe a este respecto, sería posible incorporarlas al ordenamiento vigente, con una buena dosis de imaginación jurídica.

Por esa razón, se han levantado voces pidiendo que la discusión se aplace, con el fin de revisar si es necesario introducir nuevas regulaciones que se pongan a tono con lo que sucede en otras latitudes. En ese sentido las solicitudes de que se continúe el estudio a fondo de la red de seguridad financiera vigente y las facultades de los entes de supervisión, son propuestas apenas lógicas para dotar al Estado de las herramientas necesarias, con el fin de enfrentar una eventual situación de deterioro que, en todo caso, se ve improbable.

Incluso los eventos de las últimas semanas han dejado ya lecciones importantes. Un ejemplo de ello es la importancia del desembolso inmediato a los depositantes del seguro de depósito, administrado en el país por Fogafín. Lo sucedido en otras naciones muestra que, más importante que el monto de los recursos del seguro, es la posibilidad de que los mismos se entreguen con la mayor rapidez posible. Igual sucede con la agilidad para la toma de decisiones por parte del supervisor.

Así las cosas, el aplazamiento está justificado. A menudo se critica al Congreso por la demora en la discusión y aprobación de proyectos de ley presentados a su consideración. Sin embargo, en este caso bien vale la pena posponer el debate, evitar legislar 'en caliente' e introducir las modificaciones que sean necesarias para aumentar la batería de facultades, en caso que se necesite una intervención por parte del Gobierno. Esto también daría el tiempo para que las autoridades y banqueros focalicen sus esfuerzos en revisar el estado de la solvencia, liquidez y riesgo de los establecimientos de crédito y dejen de preocuparse por modificaciones regulatorias que no tienen carácter urgente.