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 Hace varias semanas, cuando las sesiones del Congreso apenas arrancaban, el presidente Álvaro Uribe sostuvo que el proyecto de referendo que posibilitaría su candidatura para una segunda reelección en el 2010, no debía entorpecer el curso de la legislatura, sin dejar claro si le interesa o no repetir mandato. Dijo además, que todos los demás proyectos tendrían prioridad para el Gobierno y que la propuesta solo debería avanzar si el resto de las iniciativas cruciales del Ejecutivo, se abrían camino en comisiones y plenarias. Cuando quedan apenas siete semanas para que concluya el período parlamentario, parece claro que ha ocurrido todo lo contrario: la reforma judicial, que jamás logró crear un mínimo de consenso, fue retirada por el propio Gobierno, y la reforma política está virtualmente hundida, mientras lo único que parece avanzar es el referendo.

Y aún así, esa ley de iniciativa popular, apoyada por más de cuatro millones de firmas, tiene por delante un camino plagado de complicaciones, aparte del debate sobre la conveniencia para el país de que se abra dicha posibilidad. Para comenzar, todavía no está claro si contará con los votos suficientes para ser aprobado en comisiones y plenarias.

Además, todo indica que en sectores de los partidos gobiernistas: Cambio Radical, La U y el conservatismo, hay resistencia, en unos casos pasiva y en otros activa, a la idea de un tercer período de Uribe. Si, por ejemplo, un par de votos de Cambio Radical se oponen a la propuesta en la Comisión Primera del Senado, las mayorías uribistas pueden llegar a perderse, lo que la hundiría.

Lo grave es que, de llegar a presentarse ese escenario, se daría en medio de una legislatura en la que los demás proyectos parecen haber quedado abandonados a la vera del camino pues, como es obvio, la iniciativa que intenta posibilitar que el Presidente sea candidato en el 2010, ha copado toda la atención y el interés de los congresistas, tanto de quienes lo quieren impulsar, como de quienes lo quieren hundir. En los corredores del Capitolio, crecen los rumores sobre las exigencias burocráticas que algunos de los indecisos le han planteado al Gobierno para apoyar el referendo. Después del escándalo de la 'Yidispolítica', es increíble que asuntos como éste vuelvan a aparecer aunque sea solo como rumor.

Pero lo más delicado de todo, es que Gobierno y Congreso anden, por cuenta de lo anterior, concentrados en temas que nada tienen que ver con las urgencias del momento. La agenda de iniciativas en materia económica, por ejemplo, está al garete como lo prueba el limbo en el que sigue la reforma financiera. En casi todos los países del planeta, mandatarios, ministros y parlamentarios están dedicados a impulsar proyectos de ley que buscan contener o, cuando menos, mitigar los graves efectos de la crisis financiera mundial. Expertos de distintas tendencias ideológicas están hoy de acuerdo en que el sacudón se sentirá en todas las regiones del mundo, prácticamente sin excepción, con caídas de consumo y, por ende, baja en las exportaciones, restricciones al crédito y freno de la inversión extranjera en países como Colombia.

¿Qué va a hacer el Gobierno frente a esa perspectiva? Aunque ya anunció un paquete de medidas, los analistas coinciden en que se trata de iniciativas tímidas y de efecto limitado. La producción industrial acaba de dar un campanazo de alarma, con una caída de 8,8 por ciento en agosto. Ahora parece claro que el presupuesto que el Congreso acaba de aprobar, y cuya discusión sustantiva brilló por su ausencia, tendrá que sufrir recortes importantes. Hay además una caída importante en la recaudación tributaria, sobre la que el Presidente ya llamó la atención.

¿No debería entonces el equipo económico llevar estos asuntos al Congreso, con iniciativas legales que apunten a darles a estos problemas el urgente tratamiento que requieren? Quedan poco menos de dos meses de legislatura, estrechos, pero aún suficientes para que el Ejecutivo y el Legislativo se ocupen de los asuntos verdaderamente graves de la hora actual.