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 La semana pasada, durante una visita a Barranquilla, el contralor general de la Nación, Julio César Turbay Quintero, sorprendió con unas declaraciones en las que criticó el desmonte, por parte del alcalde la ciudad, Alejandro Char, y de otros mandatarios locales del país, de varias concesiones a entidades privadas que han asumido operaciones como el cobro de impuestos, el alumbrado público, la venta de publicidad exterior y otras actividades. Dijo el Contralor que dichas decisiones de terminación unilateral de esos acuerdos, ponen en riesgo el sistema de contratación pública y argumentó que, en el caso del alumbrado en la capital del Atlántico, se trataba de un pacto a 20 años que solo había cumplido 12 y que, por ello mismo, no podía ser desmontado.

Las declaraciones del jefe del organismo de control fiscal cayeron muy mal en el área metropolitana y en otras ciudades cuyos alcaldes se han puesto en la tarea de desmontar aquellas concesiones que, en muchísimos casos, fueron entregadas de manera indebida o inconveniente y han significado grave detrimento para las finanzas de diversos municipios y distritos. En el caso de la capital del Atlántico, cuyas autoridades han liderado esta campaña para acabar con onerosos arreglos previos, los negocios ya desmontados le habrían costado a la ciudad más de un billón y medio de pesos en los próximos años, todo ello sin que los servicios prestados por los operadores privados hubiesen mejorado en cubrimiento ni en eficiencia.

El proceso de desmontar estas concesiones indebidamente otorgadas en varias ciudades del país, ha sido acompañado por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, la Vicepresidencia de la República, la oficina del zar anticorrupción, la Procuraduría y la Fiscalía. Incluso hay informes de la Contraloría General que han criticado duramente algunos de esos arreglos y han señalado el deterioro fiscal que implican para los municipios afectados. Tales entidades nacionales han apoyado a los abogados que Barranquilla y otras localidades han contratado para estudiar la mejor manera de desmontar los contratos, y cada uno de los pasos dados ha sido revisado por diferentes instancias regionales y nacionales, cosa de no cometer errores jurídicos que luego se les devuelvan a las alcaldías. Es curioso entonces que el Contralor haya desconocido todo este proceso, y se haya lanzado con una opinión tan abiertamente en contravía de esta verdadera cruzada nacional. Así como el país ha visto con buenos ojos que empresas privadas se hagan cargo de la prestación de servicios públicos como acueducto, aseo, energía eléctrica y telecomunicaciones, en donde existen comisiones de regulación técnica que supervisan y cuentan con personal experto, en otros casos como el cobro de los impuestos locales, el Gobierno, la Procuraduría y hasta los altos tribunales han dicho que se trata de funciones indelegables por parte de pueblos y ciudades.

Aún más si, como ha sucedido en la mayoría de estos ejemplos, los términos en que fueron contratadas resultaron lesivos para la comunidad respectiva. Baste como ejemplo que ahora que Barranquilla desmontó el cobro externo de sus impuestos locales, la oficina que creó para llevar a cabo esas labores cuesta una sexta parte de lo que costaban las comisiones recibidas por la firma privada que tenía el contrato. Para colmo, es sabido que detrás de estas concesiones ha habido muchos intereses de caciques políticos locales, y en algunos casos, hasta de grupos criminales como el que dirigía el extraditado paramilitar 'Jorge 40', cuyos esbirros presionaron la celebración de algunos de esos contratos, en especial en la Costa Atlántica. Ojalá el Contralor corrija el mal paso que dio con sus declaraciones y, en vez de cuestionar este proceso, se decida a acompañarlo. No hay que olvidar que la principal función del organismo a su cargo es evitar que los dineros públicos sean indebidamente gastados o simplemente se pierdan, como sucedía con algunas de las concesiones en buena hora desmontadas por los alcaldes.