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Pocas veces en la historia reciente del país se había producido un fallo tan trascendental, como el dado a conocer el viernes pasado.

No de otra manera puede calificarse la sentencia T-760 de la Corte Constitucional en la cual, a lo largo de 411 páginas, el alto tribunal tomó una serie de determinaciones sobre el derecho a la salud, que buscan garantizar en forma efectiva la prestación de los servicios que, al respecto, requieren los colombianos. Para decirlo en pocas palabras, la decisión llena un enorme vacío respecto de planeación sectorial, regulación apropiada y control, que ha tenido al sector al borde de la catástrofe durante los últimos años.

Por esta razón la Corte, en una valerosa actitud, impartió al Gobierno Nacional y a otras entidades un conjunto de instrucciones y órdenes que buscan superar las graves anomalías detectadas.

Las principales son la universalización del aseguramiento para el 2010, la aclaración del Plan Obligatorio de Salud actual, el diseño de un nuevo POS y su actualización periódica, la homologación del POS contributivo y subsidiado para los menores de edad a partir del 2009 y la adopción de un cronograma concreto para igualar los planes de salud. Por tal motivo se ha dicho que el mensaje es que Colombia deberá ser en la realidad y no en el papel un Estado igualitario.

Semejantes determinaciones fueron fruto de un enorme esfuerzo por introducirle orden a un sector cada vez más descuadernado, en el cual eran evidentes las fallas de regulación y de supervisión.

Ante el desorden y la arbitrariedad, la respuesta de los usuarios había sido la de acudir en forma masiva a la figura de la tutela, con lo cual se estaba corriendo el peligro de que la suma de casos individuales hiciera financieramente insostenible el sistema.

Contrario a lo que algunos han dicho, la Corte acabó dando la salida para salvar el esquema actual, no para quebrarlo. De hecho, en la sentencia no hay orden de gastar un solo peso, sino de atenerse a un cronograma que es razonable, si las entidades a cargo hacen bien su trabajo.

En ese sentido, es de particular importancia la definición de un procedimiento que faculta a que las Empresas Promotoras de Salud, a través de los Comités Técnicos Científicos que funcionan en su interior, autoricen los servicios que se encuentran por fuera del POS, sin que la tutela sea inevitable. También es clave la orden dada al Fondo de Solidaridad y Garantía para desmontar los requisitos excesivos exigidos a las EPS para el pago de los servicios no incluidos en el POS y, en general, la adopción de procedimientos ágiles para estos reembolsos. Igualmente, se le ordena un plan de contingencia al Ministerio de la Protección Social y al Fosyga para ponerse al día con los recursos adeudados a las EPS, lo cual les permitirá salir de la sala de cuidados intensivos, ya que el no pago colocaba a éstas entidades en causal de disolución.

En este panorama, es definitivo saber que la Corte señala que el derecho a la salud es fundamental, pero que es válido establecerle límites. Debido a ello es necesario un férreo liderazgo gubernamental, que dada la situación ya no es solo del resorte del Ministerio de la Protección Social, sino que involucra también al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación y, por supuesto, al Presidente de la República. Con los plazos fijados y la responsabilidad delimitada, los funcionarios a cargo del tema deben tener claro que un mal trabajo puede resultar muy oneroso para el fisco y generar rechazo en los usuarios.

Por tal razón, y a la luz de los errores cometidos en el pasado, debe ser claro que el remedio no está en combatir la sentencia, sino en asumir el liderazgo que ésta supone. La solución no es fácil, por cuanto se requerirán complejos estudios económicos, actuariales y epidemiológicos, un reordenamiento del sistema hospitalario público, así como un eventual rediseño de cotizaciones. Pero en buena hora la Corte puso tareas que deben ser cumplidas y que redundarán en más equidad, en un país que todavía necesita de mejor salud.