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 Han pasado ya algo más de seis meses desde cuando estalló el llamado escándalo de Carimagua, nacido de la finca de más de 17.000 hectáreas en el departamento del Meta, que ha sido objeto de diversas decisiones. Como se recordará el predio estatal iba a ser entregado originalmente a medio millar de familias desplazadas, pero después el Ministerio de Agricultura quiso darlo en concesión al sector privado, proceso que fue cancelado cuando el tema se hizo público. Debido a ello, hubo encendidos debates en el Congreso y cuestionamientos que todavía continúan, mientras el Gobierno trata de buscar una salida que satisfaga a propios y extraños.

En ese sentido, la propuesta más reciente es la de que sea Ecopetrol la encargada de manejar el tema. Incluso, en el discurso que pronunció en el Capitolio el pasado 20 de julio, Álvaro Uribe sostuvo que "los experimentos que están a la vista indican que Carimagua (...) debe combinar un proyecto agro empresarial, de alta productividad, con soluciones a familias desplazadas. El convenio concebido con Ecopetrol para una alianza con estos compatriotas debe lograr un magnífico resultado".

Pero el asunto no es tan sencillo. El motivo es que la junta directiva de la compañía petrolera lleva ya dos sesiones sin tomar una decisión y tiene el tema en la agenda para su reunión de hoy. Si bien sobre el papel los representantes del socio que posee el 90 por ciento de las acciones -el Estado colombiano- podrían haberle dado luz verde a la iniciativa haciendo imponer sus mayorías, muchos tienen dudas. Una de las razones es que la venta de una proporción minoritaria de la compañía al público y a los inversionistas institucionales a finales del 2007, vino acompañada del compromiso tácito de no desviar a la entidad de sus objetivos primordiales: eficiencia y rentabilidad.

Y tienen razón. Al fin de cuentas, no se necesita ser un experto para darse cuenta de que la empresa más importante del país no tiene por qué tener velas en un entierro que no le corresponde. Aunque los defensores de la idea dicen que la entidad podría adelantar un plan piloto para el desarrollo de biocombustibles a partir de la caña de azúcar o el sorgo dulce, la justificación es débil. Sin desconocer que Ecopetrol necesita tener dentro de su portafolio diferentes tipos de energéticos, una cosa es ese propósito general y otra la de encontrarle vocación agrícola a la fuerza. Para colmo de males, fue el propio Ministerio de Agricultura el que hace dos años promovió la zona de Carimagua en el Japón como ideal para el "pino caribe tropical, caucho, palma de aceite y cultivos para la seguridad alimentaria local", sin mencionar las otras especies citadas. Eso sin hablar del manejo del complejo problema social de los desplazados, en el cual la empresa no tiene experiencia y que puede acabar distrayendo a sus directivos de oficios más relacionados con su negocio.

En consecuencia, la junta directiva de Ecopetrol debería obrar en conciencia y decirle que no a Carimagua. De hecho, se le hace un favor grande al país si la compañía que más paga impuestos y tiene mayor presencia en la Bolsa, sigue sin desviarse de la ruta fijada, la cual incluye la producción de un millón de barriles de petróleo al día a mediados de la próxima década. De lo contrario, basta con mirar el ejemplo de la vecina Pdvsa, metida en cuanto negocio quiere impulsar el régimen chavista y con problemas para mantener sus niveles de bombeo de crudo.

En todo este escenario, es claro que una respuesta negativa no exime al Gobierno de buscarle salida a un lío que creó y del cual no ha podido salir. Sin desconocer que en la zona de los Llanos es necesario tener condiciones para que haya megacultivos de miles de hectáreas, quizás sería bueno volver a la propuesta de la Comisión de Expertos que hace unos meses recomendó desarrollar un esquema de asociación entre los desplazados y el sector privado. Si algo de ese tenor se logra, las posibilidades de Carimagua podrían volverse realidad, lo que no ocurrirá si esta verdadera 'papa caliente' acaba siendo responsabilidad de Ecopetrol.