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Mala señal la que han enviado el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al cruzarse señalamientos públicos por cuenta de la situación de seguridad de la capital. El regaño público del burgomaestre al comandante de la Policía Metropolitana, general Rodolfo Palomino, y el posterior reclamo del Ministro por cuenta de la llamada de atención, no constituyen el tipo de acciones que los ciudadanos esperan de las más altas autoridades, en especial cuando se trata de asuntos tan delicados como la seguridad. No fue adecuado el tono del Alcalde para dirigirse a Palomino, pero antes de reclamarle, el Ministro ha debido tener en cuenta que la moda de regañar en público a los altos oficiales no se la inventó Moreno, sino el propio presidente Álvaro Uribe.

La confrontación se presenta en momentos en que, desde diferentes flancos, el Alcalde recibe descargas críticas sobre su gestión en este campo. Hay serios cuestionamientos tanto de concejales como de congresistas capitalinos por la forma como el gobierno distrital asignó al rubro de seguridad algunos programas que, en opinión de los críticos, no tienen que ver con ese frente.

Según ellos, lo que en realidad ocurre con el proyecto de presupuesto es que reduce las partidas para el control de la delincuencia y el mantenimiento del orden público, en momentos en que, aseguran, sería un gravísimo error bajar la guardia. Sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Alcalde se ha dedicado a advertir que las Farc preparan atentados contra la capital.

Más allá del debate sobre las partidas presupuestales, existe consenso de que, ni en Bogotá ni en ciudad o región alguna conviene desprevenirse como consecuencia de los durísimos golpes que la guerrilla y otros grupos armados y delincuenciales han sufrido en los meses recientes. Muy por el contrario. A diario surgen evidencias de que las Farc, y en menor escala el Eln, preparan coletazos para dejar en claro que, aún si sus organizaciones pasan por un pésimo momento, conservan su capacidad de llevar a cabo acciones de sangre. Bueno es recordar que en el campo del terrorismo, a diferencia de lo que ocurre con el combate militar, no hacen falta ni muchos hombres ni mucho armamento para causar graves daños.

Es verdad que las Fuerzas Armadas han sabido atajar a tiempo decenas de atentados: a diario las autoridades descubren caletas con explosivos, desmantelan redes y detienen a cabecillas y operadores. Pero también lo es que en Cali y en Bogotá, los terroristas han conseguido golpear, y que en los últimos días, el Eln desencadenó una masacre campesina en el Cauca y las Farc mataron a siete personas e hirieron a varias decenas en Ituango, Antioquia. Estos hechos confirman, si alguna falta hacía, que el peor error que podrían hacer las autoridades es 'dormirse en sus laureles' -merecidamente ganados- y desconocer esta amenaza. Por fortuna, voceros tan importantes de la Fuerza Pública como el general Óscar Naranjo, director de la Policía, han advertido una y otra vez sobre lo que planean los grupos terroristas y la necesidad de que tanto, a nivel de inteligencia como de control operativo, conviene mantenerse alerta.

Por eso resulta aún más inconveniente que, en vez de cooperar de manera estrecha, los más altos funcionarios protagonicen agrias e inútiles disputas, por demás de manera pública. Como si el ambiente de crispación que reina en el país por cuenta de las polémicas entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el Congreso y la Sala Penal, no fuera suficiente, las recriminaciones mutuas dan una sensación de división institucional totalmente inconveniente. Las amenazas de los violentos no han cesado y a ellas hay que responder con la misma efectividad que ha permitido los golpes que la opinión nacional y el mundo conocen, y sin ceder a las tentaciones de protagonismo o de pelea que no solo perjudican la tarea que el Estado, como un todo, debe cumplir, sino que causan desconcierto entre los ciudadanos.