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La inminente compra por parte del Gobierno de Hugo Chávez, del Banco de Venezuela, filial en el país vecino del poderoso Grupo Santander de España, ha sorprendido a más de un observador. La razón es que nadie sabe si ese es el primer paso para dejar en manos del Estado el negocio financiero o es apenas una transacción más, orquestada por un mandatario que ha dedicado una proporción importante de los dineros públicos a adquirir bienes que estaban en manos del sector privado. Así ocurrió ya con la compañía de teléfonos y la electricidad de Caracas y está a punto de suceder en los sectores de cemento y acero.

No obstante, en este caso hay algunas particularidades. Una de ellas es que la entidad ibérica estaba en venta desde hace semanas, a pesar de ser una de las tres más grandes de la economía venezolana y tener buenos índices de rentabilidad, con utilidades por unos 180 millones de dólares al cierre del primer semestre. Al no ser una negociación forzada, todo parece amistoso. Por su parte, el Gobierno afirmó que necesitaba una entidad con presencia nacional para llegarle a los empleados estatales que constituyen una tercera parte de los cerca de 6 millones de la fuerza laboral, aclarando que mantendrá los altos estándares de la entidad.