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No es bueno lo que viene sucediendo en la Empresa de Servicios Públicos de Cali, Emcali, que alguna vez, hace más de veinte años, fuera modelo de eficiencia administrativa y de transparencia en los negocios. Convertida desde principios de los noventa en botín burocrático de los políticos y en botín financiero de empresarios privados deshonestos, la entidad fue finalmente intervenida en abril del 2000, y después de una larga crisis, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. La intervención fue definida entonces como temporal, y buscaba resolver los problemas administrativos y financieros, además de reformar su estructura para hacerla viable. Surtido lo anterior, las posibilidades incluían dejarla en manos de la ciudad, buscarle un socio estratégico privado o escindir servicios como el de telefonía para venderlo por aparte.

Pero nada de eso ha sucedido. Aunque parezca increíble, después de ocho años y medio de intervención, el limbo continúa. Aunque las finanzas muestran mejores indicadores y el nivel de cubrimiento y calidad de los servicios es razonablemente bueno, la Superintendencia ha resultado incapaz de encontrar una salida definitiva al futuro de Emcali. Esta es la hora en que ni siquiera ha quedado definida la banca de inversión que debe valorar la empresa y presentar alternativas de reestructuración.

Con razón quienes saben del tema aseguran que la intervención, que fue necesaria y urgente cuando el Gobierno Nacional la ordenó a principios de la década, se ha prolongado de manera indefinida e inconveniente. El hecho de que la Superservicios tenga a su cargo el manejo de una entidad que debe a la vez vigilar, genera todo tipo de inconvenientes. Para empezar, perjudica la transparencia frente a otros competidores, pues la Superintendencia pasa a ser juez y parte, lo que ya ha motivado la preocupación de actores, como los que operan en el sector de telecomunicaciones. Pero además, una intervención tan prolongada impide saber quién responde por los problemas que se presentan. Si algo falla en la empresa, la Superintendencia le pide cuentas al gerente interventor, quien a la vez puede alegar que la Superintendencia no lo deja actuar para resolver los problemas. Eso sin hablar de la dificultad para acometer reformas todavía más profundas porque, aunque parezca increíble, la cirugía de fondo que necesita el paciente todavía no ha podido realizarse.

Esta situación es la que, precisamente, acaba de derivar en la renuncia del gerente interventor de Emcali, Eduardo Victoria Ruiz, quien la semana pasada dejó su cargo con una durísima carta en la que argumenta que prefiere retirarse "por dignidad vallecaucana y profesional", y acusa a la Superintendencia de enmudecer a la administración e impedirle participar en las decisiones más importantes. Denuncia Victoria, que él se volvió "incómodo en medio de los intereses del proceso de intervención". Aún cuando no explica el alcance de tan delicada afirmación, la grave duda queda sembrada.

El ahora ex gerente, llevaba 22 meses al frente de la empresa en los cuales había conseguido estabilizar la operación de Emcali y mejorar numerosos indicadores, por lo cual el propio Gobierno Nacional lo había elogiado recientemente. Dirigentes cívicos y gremiales de Cali se unieron para enviarle una carta a la Superintendente, Eva María Uribe, en la que, además de reconocer y respaldar la labor del funcionario saliente, piden explicaciones sobre lo sucedido y claridad sobre el futuro de la empresa municipal. La Superservicios debe salir pronto a resolver estas inquietudes, antes de que el mar de suspicacias siga creciendo en la capital vallecaucana. Pero además, la Presidencia de la República debe pasarle revista al asunto y preguntarse qué ha fallado en la intervención de Emcali para que una medida que fue tomada como temporal se haya convertido, en términos prácticos, en permanente. Dicho de otra manera, hay que evitar que el remedio acabe siendo peor que la enfermedad.