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Pasado ya exactamente un mes desde cuando las Fuerzas Armadas colombianas dieran de baja al número dos de las Farc, alias 'Raúl Reyes', en Ecuador, las secuelas del terremoto político internacional que la operación ocasionó se siguen sintiendo.

Superados los momentos más álgidos de la crisis con el vecino del sur, que ocasionó un grave choque diplomático con Venezuela y Nicaragua, la calma aún no retorna a las relaciones y nuevos hechos amenazan con deteriorarlas.

Tan es así que hay quienes creen que la relativa concordia que se vio al final de la Cumbre del Grupo de Río o el espíritu de consenso que acabó primando en el seno de la OEA hace unas semanas, pueden ser desdibujados por las circunstancias. Dos ejemplos recientes son las confirmaciones de las identidades de un ecuatoriano y cuatro mexicanos muertos durante el ataque, así como la demanda interpuesta por Quito ante la Corte Internacional de La Haya por las fumigaciones y existencia de cultivos ilegales en la frontera.

En el caso de los mexicanos, no ha sido el Gobierno del presidente Felipe Calderón el que ha echado leña al fuego. Pero sí lo han hecho sectores de la izquierda y algunos medios de prensa, al igual que los familiares de los cuatro jóvenes fallecidos. Todo esto pese a las evidencias en video que muestran que las víctimas no eran precisamente turistas ocasionales, sino que atendieron conferencias de manera atenta y vestidos de traje camuflado.

En cuanto al ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla, ha sido el propio presidente Rafael Correa quien ha mantenido encendida la polémica. Hasta tal punto que, después de que incluso las Fuerzas Armadas ecuatorianas confirmaran que desde 2003 investigaban al desaparecido por sus vínculos con las Farc, el mandatario mantuvo el tono agresivo con Bogotá, prometiendo una respuesta contundente.

A la luz de ese compromiso, la decisión de acudir ante la Corte tiene un sabor de revancha evidente, a pesar de que la canciller del país vecino, María Isabel Salvador, le insistió a los medios que no hay relación con los hechos del primero de marzo. No obstante esa afirmación, lo cierto es que a finales del año pasado el Gobierno ecuatoriano había comunicado que desechaba esa posibilidad. Además, y con el fin de no alborotar el avispero, las fumigaciones habían sido suspendidas por Colombia desde hace varios meses y fueron reemplazadas por la erradicación manual de los cultivos.

Pero a medida que pasan los días es evidente que una vez más el inquilino del Palacio de Carondelet decidió arroparse en su bandera, con el fin de aprovechar la oleada de opinión favorable estimulada por el nacionalismo. Incluso Correa llegó a calificar a los periodistas ecuatorianos de "apátridas hipócritas" por haber publicado informes de inteligencia o haberle dado credibilidad a argumentos que se apartan de la posición oficial.

Así las cosas, es necesario que Colombia mantenga la cabeza fría y que sus funcionarios apliquen ese dicho que aconseja pensar antes de hablar. Flaco favor se le hace al país cuando ocurren situaciones como las de la semana pasada en la que el canciller Fernando Araújo insinuó que se estudiaría la posibilidad de pagar indemnizaciones a los familiares de los extranjeros muertos, lo cual obligó a la Casa de Nariño a hacer una contundente rectificación al respecto. Tampoco ayudan las filtraciones a cuentagotas de los archivos hallados en los computadores incautados, más allá de las explosivas revelaciones que contengan. Esa especie de guerra sucia mediática sirve para alimentar titulares, pero acaba debilitando la posición del país ante
las instancias diplomáticas ya definidas.

En medio de la tensión, un elemento clave de acercamiento es el de las buenas relaciones comerciales. La razón es que un intercambio binacional superior a los casi 2.000 millones de dólares del año pasado serviría para que el lenguaje de los negocios prime sobre los comunicados, mientras se apaciguan los ánimos y vuelven a soplar los vientos de la concordia.