Es bienvenido el nuevo énfasis de la Corte Suprema de Justicia en una comisión de la verdad.

La Ley de Justicia y Paz del 2005 no obliga a confesar todos los crímenes, así el fallo de la Corte Constitucional de mayo del 2006 requiera su "confesión total", junto con su reparación y, desde luego, "la verdad". A su vez, la extradición -castigo merecido en múltiples aspectos- deja sin piso dicha confesión y reparación, cuyo principal aliciente era... la no extradición de los criminales confesos.

Hasta la pena carcelaria mínima, tan importante a ojos de las Naciones Unidas y muchas ONG, debe ser vista retrospectivamente como un requisito irreal que distrajo la instrucción criminal de su propósito primordial: esclarecer la verdad de los hechos.

En Suráfrica, el indulto pleno era el premio otorgado discrecionalmente por la Comisión de Verdad y Reconciliación para quienes decían "a verdad, toda la verdad y nada más que la verdad" (1995-1998). El que, a juicio de la Comisión, tan sólo un 10 por ciento de los acusados obrara en esta forma y el 90 por ciento pasara a la justicia ordinaria, atestigua el muy alto estándar de exigencia y prueba del proceso surafricano, muy superior al demostrado hasta ahora por el nuestro.

Como lo escribía este columnista en mayo/04 y septiembre/05, justicia y reparación dependen de la verdad. Sin ésta, se imposibilita o dificulta la consecución de aquéllas, como lo refleja el balance de la Ley de Justicia y Paz. Su primera condena -a Wilson Salazar Carrascal 'El Loro', en marzo pasado- resultó anulada en agosto por la Corte Suprema por no incluir los cargos de la Fiscalía el 'concierto para delinquir'. Aún es escaso también el balance de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación desde su puesta en marcha hace cuatro años largos.

La Ley ha tenido grandes avances en otros campos, como lograr el registro de más de 230.000 víctimas, sin incluir a los desplazados, y la contabilización de 21.000 asesinatos (dato referido por León Valencia el 3/10/09), pero este no es el punto. Contrariamente a Suráfrica, no hay o no había incentivo negativo para quien ocultara parte de la verdad ni premio contundente para quien la confesara toda.

El argumento del Ministro del Interior para oponerse a una comisión de la verdad -este es un proceso de paz 'en caliente', en donde los paramilitares no han o no habían sido derrrotados- es textualmente cierto, pero pesa en sentido contrario.

Es precisamente por ello por lo que hace falta requerir y motivar una verdad integral, y destapar así el atasco, antes que aceptar una verdad y reparación a medias como las de 'El Loro'.

Con una comisión de la verdad, de esto se trata. Lo demuestra la experiencia de 16 países en 1994- 1997: Siete en América Latina (Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití), 6 en el África (Burundi, Chad, Nigeria, Sierra Leone, Suráfrica, Uganda), 1 en Europa (Alemania) y 2 en Asia: Nepal y Sri Lanka.
La Ley de Justicia y Paz, con sus aciertos y desaciertos, puede ser 'apalancada' poderosamente por el mecanismo que propone la Corte Suprema. 

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Tomás Uribe