Don Sancho Jimeno, el héroe de la defensa de Cartagena contra los franceses en 1697, se rasca la cabeza. No entiende cuál es el problema. Los camioneros aspiran apenas a un monopolio parecido al que poseían los armadores de Sevilla desde cuando, a mediados del siglo XVI, se establece la Carrera de Indias, o sea el tránsito anual de una flota de galeones con destino a Cartagena y Panamá. En esos barcos se transportaba el único comercio legal con Tierra Firme y el Perú. Lo auspiciaba la corona que recibía su tajada a cambio del privilegio. Lo demás era vil contrabando.

El tráfico de esclavos constituía también un monopolio. Se conocía como el Asiento de Negros y se otorgaba a especialistas en la trata con contactos en África o Curazao, donde los holandeses mantenían amplios inventarios. Solo el asentista estaba autorizado para introducir esclavos en el Nuevo Reino de Granada, y exclusivamente por Cartagena. La corona cobraba un impuesto único por cada pieza. Se combatía el contrabando que aparte de causar perjuicios a las finanzas estatales era una amenaza para el orden público. Don Sancho sabía por experiencia que muchos cimarrones -esclavos fugados- escapaban en el desorden del tráfico clandestino y después resultaba costoso reprimirlos.

El monopolio era de la esencia del Estado español en América. De ahí que el héroe cartagenero -simpatizador de los camioneros- no concibiese otra manera de organizar la vida económica. Prosperar era sinónimo de acogerse al poder para capturar rentas. Lo anormal era la competencia. No alcanzó a ser testigo de como la asfixia por regulación trajo consigo la ruina del imperio, cuando sus rivales comenzaron a alimentarse de los primeros retoños de la economía de mercado para asignar recursos.

"Los camioneros no están dispuestos a permitir que los generadores de la carga, (industriales, agricultores y comerciantes), impongan los fletes". Son palabras del Presidente del gremio. Grave y acomodaticio error conceptual, señor, ellos no imponen nada, sino que, por el contrario, compiten para conseguir quien acarree su mercancía. En el libre juego de la demanda de espacio con ruedas y la oferta de camiones se establece el valor de la prestación. Pero eso no gusta. Mejor los buenos tiempos coloniales, preferible presionar al Gobierno con un paro, y con la intimidación de quienes acuden a trabajar su mula, para que intervenga y aplique un decreto absurdo promulgado en una de las aulagas del presidente Samper.

El transporte de carga es en Colombia un ejemplo competencia perfecta, sacado de un libro de texto. Son miles de actores ofertando y demandando. El precio se forma sin interferencias y debería aterrizar en un muy buen servicio que contribuya a la competitividad del país. Ahí el Estado no tiene oficio. Se le somete, sin embargo, a distorsiones innecesarias como con el cuento de la chatarrización. Según la norma, por cada camión nuevo, un camión viejo debe salir de servicio. O sea que encarga al Gobierno de velar porque no aumente la oferta. ¡Vaya sandez! El equipo inservible saldrá de servicio solito cuando se agote su vida útil o cuando deje de cumplir requisitos ecológicos o de seguridad, sin que sea función del Estado expulsarlo sin justa causa del parque automotor y mucho menos pagar por él.

La huelga de los camioneros es un trasnochado intento de capturar rentas a costa del consumidor. Mal haría el Gobierno en ceder, aunque el Ministro se haya equivocado al prometer en junio pasado darle imposible cumplimiento a un decreto, que sobra cuando el libre mercado funciona a la perfección. Se debe por el contrario derogar. Dejarlo en vigencia es regresar a los tiempos de don Sancho.

rsegovia@axesat.com

Rodolfo Segovia