El debate sobre la agricultura ha tenido un énfasis exclusivamente político. Lo sucedido con el fraccionamiento fraudulento de algunos proyectos de Agro Ingreso Seguro ha sido oportunidad única para que políticos de los partidos de oposición a la administración Uribe critiquen al Gobierno y para que los candidatos a la Presidencia de la República confronten sus adversarios, con miras a la próxima contienda electoral.

El análisis de los méritos y problemas de la estrategia de desarrollo agropecuario de la administración Uribe debe juzgarse, más bien, desde una perspectiva histórica de la política agraria nacional. Esto fue lo que buscó promover la Sociedad de Agricultores de Colombia en una de las sesiones académicas del XXXV Congreso Agrario Nacional llevado a cabo la semana pasada en Bogotá. Aquí destaco algunas reflexiones que expuse en ese Congreso.

Argumenté que, a lo largo de nuestra historia, la política agraria nacional no ha logrado resolver adecuadamente el problema de subutilización de las tierras, ni su concentración. Las reformas agrarias emprendidas en el siglo XX fueron, a mi juicio, inadecuadas para dichos propósitos. Deben reconocerse los esfuerzos de la administración Uribe al haber logrado aprobar la ley de extinción de dominio para reversar lo que alguno de los conferencistas denominó como "la contrarreforma agraria provocada por los narcotraficantes mediante la compra de predios durante las últimas décadas del siglo XX".

Frente a otros instrumentos de la política sectorial agropecuaria mi percepción general es que ha estado bien encaminada. A la investigación agrícola se le ha dado énfasis mediante una mayor asignación de recursos públicos a Corpoica, aunque los esfuerzos continúan siendo liderados por el sector privado en centros privados como Cenicafé y Cenicaña. Asimismo, el Gobierno sigue fortaleciendo la actividad crediticia por intermedio de Finagro, lo que se ha traducido en un crecimiento acelerado del crédito bancario al sector. En cuanto a la política comercial se ha buscado, sin completo éxito, hacer a la agricultura más competitiva estimulando las exportaciones y reduciendo los altos grados de protección característicos del pasado. Los analistas especializados reconocen, asimismo, que las negociaciones del TLC con Estados Unidos estuvieron bien adelantadas.

Bajo Uribe, la política de gasto público ha registrado una inmensa reorientación. En la segunda mitad del siglo XX el gasto fue bajo y se canalizó casi exclusivamente hacia entidades estatales ineficientes que requerían ser recapitalizadas con cuantiosos recursos fiscales. Algunos estudios internacionales muestran que la productividad total de factores en la agricultura colombiana fue mayor entre 1960-1980 que en los últimos veinte años del siglo XX.
El lento crecimiento de la agricultura motivó el diseño del actual sistema de incentivos fiscales dirigidos a objetivos específicos, como es la capitalización rural con el ICR, el apoyo a la caficultura con el AGC, la reforestación con el ICF y, el controvertido, Agro Ingreso Seguro, AIS, para cimentar la competitividad.

Nunca he sido entusiasta de las exenciones y apoyos fiscales, pues considero que son difíciles de administrar y pueden llegar a ser inequitativos e ineficientes. Ahora bien, en el caso de la agricultura me parecen justificables por las condiciones de inseguridad rural, narcotráfico y violencia a las que está enfrentado el campo colombiano. Adicionalmente los apoyos otorgados al agro en otras partes del mundo generan distorsiones en los precios impactando la competitividad de los productores nacionales. Estas circunstancias representan fallas de mercado que justifican, de acuerdo a la literatura, la intervención del Estado.

En estos momentos de turbulencia en el debate agrícola nacional, coincido con la afirmación del presidente Uribe en el Congreso Agrario en el sentido que "Colombia hoy es un país dotado con mejores instrumentos para el desarrollo del campo".

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Roberto Junguito