La proliferación e inconsistencia de los actos administrativos, relacionados con el sector transporte expedidos por el Ministerio del ramo evidencia la pavorosa inestabilidad en materia legal y normativa en temas clave para la prestación del servicio público.

Las reglas del juego cambian de un día para otro, con bandazos que desorientan y afectan gravemente a intereses diversos. Por ejemplo, hace algunos meses con el propósito de levantar un paro fronterizo promovido por la comunidad de Ipiales se afectaron aspectos del ordenamiento jurídico andino en el transporte internacional. Esta inseguridad jurídica es un mal que afecta el desenvolvimiento normal de las operaciones en un país que quiere insertarse en las corrientes de la globalización, la internacionalización de la economía y la competitividad.

Compartimos el afán del Gobierno Nacional de racionalizar los
asuntos atinentes al parque automotor de carga en Colombia y las relaciones económicas entre los integrantes de la cadena. Somos partidarios de un equilibrio entre la oferta y demanda de transporte como una de las premisas para obtener relaciones equitativas y armónicas.

Sin embargo, continuamos afectados por una regulación utilizada para apagar el incendio de los paros camioneros y carente de argumentación lógica, sin sentido y sin objetivos. Para la muestra está la expedición de las resoluciones 10500 de 2003 y los Decretos 1347 y 3525 de 2005, 2868 de 2006, 2085 y 2450 de 2008 sobre la chatarrización vehicular, el último de los cuales incrementó de un día para otro las pólizas de matrícula de camiones en más de un 300%. Otra muestra es el Decreto 2663 de julio 21 de 2008, que incrementó los fletes, mientras que la resolución 3175 del primero de agosto de este año terminó disminuyéndolos. Además, la mayoría de estos actos administrativos han sido emitidos al amparo de inmovilizaciones camioneras en desmedro, quizás, de la legitimidad y soberanía del regulador.

Si existe una firme decisión y una política gubernamental por la competitividad del país, más vale que entremos en cintura y hagamos coherente la emisión de los actos administrativos relacionados con el servicio público de transporte terrestre automotor de carga, con el noble objetivo de nuestro desarrollo
interno e internacional.

Una moratoria en la expedición de éste tipo de actos administrativos es urgente, hasta tanto se garantice su armonía con las políticas de competitividad, a partir de una Comisión Nacional constituida para tales efectos bajo la propia Presidencia de la República, con la intervención especial de las carteras económicas y en sintonía con el Consejo Privado para la Competitividad.

No es comprensible que, paradójicamente, mientras avanzamos en la erradicación de la inseguridad física, gracias a la Política de Seguridad Democrática, nos hundimos en la quizás más nociva inseguridad jurídica. Eso tiene que cambiar.

*Columna de la Fundación Buen Gobierno

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