A propósito de 'roscogramas', conocimos toda clase de reacciones por parte de nuestra dirigencia colombiana. La mayoría de líderes de los poderes públicos han recurrido a las inculpaciones mutuas.

Este nuevo debate que -como la mayoría, terminará en nada- ha puesto en evidencia la frágil unión que existe entre la ética y la legalidad en Colombia. Uno de los primeros en saltar al ruedo fue el Procurador General de la Nación quien recordó que "todo lo que no esté expresamente prohibido por la ley, es enteramente permitido", a propósito de aquella norma que establece que los nombramientos directos de quienes hayan participado en la elección propia, están prohibidos constitucionalmente.

Eso sí, parece viable y por lo menos legalmente justificable, que el tío, el esposo, la hermana o el hijo de quien ayudó a elegirme, puedan ser después nombrados por mí, como muestra de agradecimiento o, quien quita, como parte de mi campaña de reelección.

Es cierto que el Procurador puede hacer lo que no le está vedado expresamente por la ley, ¿pero será éticamente sano que familiares de más de ocho magistrados del Consejo de Estado trabajen para él, y que por lo menos dos miembros de la Corte Suprema de Justicia tengan también a su esposa y su hermano en importantes cargos en la Procuraduría General de la Nación? Recuerden que alguno de esos dos órganos podrían nominarlo, una vez más, al cargo de Procurador. ¿Votaría en contra de esa designación un funcionario que tiene acomodado -¡y muy bien!, sobra decirlo- a un hermano o a una esposa en la Procuraduría que dirige Maya Villazón?

Tal vez sea legal, ¿pero resulta ético? Y qué decir de la propuesta de la senadora Adriana Gutiérrez de 'reglamentar' el 'roscograma'. ¿No se parece eso a "bajar al mínimo los niveles de corrupción", frase insigne de un ilustre ex presidente?

No se queda atrás el mea culpa del presidente Uribe quien, sin ruborizarse, aceptó que ha empleado no pocas veces a familiares de congresistas en el servicio diplomático colombiano. ¿Sus méritos? Ninguno otro que ser allegados a los parlamentarios de sus afectos. ¿Es eso legal? Por supuesto que sí. ¿Será ético?, insisto en mi pregunta.

Nuestros dirigentes se acostumbraron a vivir con el alma prendida de un inciso, como diría Alzate Avendaño, pero olvidaron que más allá de la ley puramente positiva, existen principios de justicia y moral pública que deben enmarcar sus conductas.
Queda demostrado, de nuevo, que mientras la ley va por un lado, la ética va por otro. Nuestros líderes se han convertido en expertos leguleyos desprovistos de equipaje moral para asumir sus responsabilidades. Si quienes hacen las leyes no apelan a la ética en sus vidas, es imposible esperar que las normas, por sí mismas, sean moralmente correctas.

jmacevedom@hotmail.com

Otros Columnistas 2