El presidente Obama se puso la camiseta ante el Congreso y la opinión pública de su país para defender la reforma al sistema de salud.

Su discurso fue brillante en economía política, pero también en carácter y coherencia. Hizo evidente la importancia que ha adquirido el sector salud en la política macroeconómica de cualquier nación y demostró que los debates sustentados en los intereses particulares, entorpecen las decisiones que los países requieren.

Todos los sistemas de salud enfrentan retos. El de Estados Unidos los tiene serios. No ha definido su prioridad entre la cobertura universal o la más alta calidad de los servicios, así quede por fuera del acceso un gran porcentaje de la población. Repudia la solidaridad, porque la asemeja al comunismo. Más de 45 millones de ciudadanos no tiene aseguramiento en salud, y otros 25 millones tiene uno precario.

Se gasta el 16 por ciento de su Producto Interno Bruto en el sistema, lo que representa alrededor de 6.000 dólares por habitante al año. Eso sí, el ciudadano que tiene el dinero para un buen seguro, recibe los servicios de salud con el más alto estándar de calidad del mundo.

En contraste, Colombia definió en la Constitución de 1991 que el aseguramiento en salud debe ser universal, con solidaridad y eficiencia en el manejo de los recursos. A la fecha, alrededor del 90 por ciento de la población está asegurada. Utilizamos en salud un promedio del 7 por ciento del Producto Interno Bruto, que en términos de gasto por habitante al año, representa alrededor de 500 dólares, corregidos por el poder adquisitivo de la moneda norteamericana en nuestro país.

Por supuesto, los críticos podrán decir que el estándar de calidad es medio y enfrentamos aún barreras en el acceso a los servicios, muchas de las cuales nacen en la operación del Régimen Subsidiado.

La Sentencia T760 de una sala de la Corte Constitucional, emitió órdenes al Ejecutivo sobre la forma de corregir deficiencias en el sistema de salud colombiano.

Más allá de la discusión oportuna para aclarar si la Corte se extralimitó en sus funciones, la Sentencia señaló la necesidad de unificar los paquetes de beneficio, mejorar el flujo de los recursos y lograr la cobertura del aseguramiento para la población en todo el territorio nacional. Con el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la salud que consagra nuestra Constitución.

El reto está en los recursos con que se cuenta y en las modificaciones que se deben hacer en la operación del sistema, que seguramente pueden amenazar intereses políticos y de otro orden subalterno.

El cumplimiento de la Sentencia es una buena oportunidad para demostrar carácter y coherencia desde el más alto gobierno. Todo él unido; sin que ninguna entidad evada la responsabilidad que le corresponde en la materia, para decirle al país qué se puede cumplir, cuándo, cuánto cuesta y qué cambios operativos requieren las órdenes de la Corte.

Augusto Galán Sarmiento / Ex ministro de Salud