No obstante, las cifras más desagregadas del  informe del FEM dejan ver enormes desafíos en el desempeño de las instituciones colombianas, concepto por el cual el país, en los últimos tres años, se ha visto relegado del puesto 79 al 101 entre un total de 134 naciones consideradas.

Las razones de esta preocupante evolución son diversas. Según el mencionado informe, aún pesan los costos que para los negocios representan el crimen, la violencia y el terrorismo, pero también lo hacen de manera creciente las percepciones sobre favoritismo en las decisiones de los funcionarios oficiales y el despilfarro de los dineros públicos.

De otro lado, la prevalencia de posiciones dominantes en el mercado y la baja protección de los intereses de los pequeños accionistas, poco contribuyen a la eficiencia económica y a la más democrática distribución de las oportunidades. Ya es reiterativo en estos informes el rezago en los indicadores de infraestructura, en medio de la cuestionada institucionalidad que hoy rige el sector. Pero al mismo tiempo, se hace visible  la deficiencia en la calidad de las  instituciones que hacen investigación y desarrollo, así como en la oferta de científicos e ingenieros.

Los diagnósticos recientes se confirman. Por esta misma razón, la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, con la cooperación técnica de la Corporación Andina de Fomento, avanzan en la actualidad en un balance constructivo de los retos institucionales en cuatro frentes decisivos de la gestión competitiva del país y de sus regiones: a) el sistema nacional de competitividad; b) el marco regulatorio y las políticas de competencia; c) la infraestructura vial, portuaria y logística; y d) la ciencia, la tecnología y la innovación.

Se trata, en la práctica, de una alianza entre la academia y el sector empresarial, para convertir la acciones institucionales propuestas, en autenticas políticas de Estado de largo plazo, con incidencia verificable en los indicadores internacionales de desarrollo competitivo. En este propósito, el proyecto cuenta además, como aliadas estratégicas, con representativas cámaras de comercio del país, que servirán de anfitrionas en la etapa de consultas regionales que se desarrollará durante el mes de octubre en Medellín, Bucaramanga y Cali.

De esta manera, será posible enriquecer las visiones nacionales con las miradas de la institucionalidad local, expresada en la importante cooperación público - privada que hoy se adelanta en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad. Acaso sea ésta la vía más expedita para avanzar en la tarea aun pendiente de fortalecer las instituciones para la competitividad.