La Ley 100 propuso corregir la segmentación en la que se hallaba el antiguo Sistema Nacional de Salud. Para ello, unificó el aseguramiento público en un solo modelo, cuya diferencia para los ciudadanos debería ser exclusivamente la fuente de financiación -contributiva o subsidiada- para acceder al disfrute pleno del derecho a la salud.

La inequidad en el acceso a los servicios de salud, producto de esa desintegración, era manifiesta antes de 1993. Cientos de cajas de previsión social y programas de salud que tenían diversas entidades públicas y privadas, tenían una muy pobre cobertura (del 20 por ciento de la población).

Los modelos de aseguramiento y de prestación eran múltiples; así, se hallaban personas con amplia protección y acceso expedito, mientras una gran mayoría carecía de la primera y el segundo lo lograba al pagar directamente de su bolsillo; con lo cual comprometía su patrimonio familiar.

Quince años más tarde, hay un significativo avance. Nos encontramos muy cerca de cumplir la meta de universalidad plena, como ordena la Constitución, dentro de ese modelo unificado de aseguramiento público de salud, sustentado en dos regímenes.

Existe pluralidad en la competencia regulada que permite la participación de empresas públicas y privadas, las cuales deben gestionar los riesgos financiero y de salud que enfrentamos los ciudadanos. El 80 por ciento de la población afiliada al Sistema General de la Seguridad Social en Salud, se halla en entidades que no reparten excedentes ni utilidades.

A pesar de ese progreso, en la realidad cotidiana muchos ciudadanos enfrentan todavía una atención desintegrada de servicios clave para la protección contra sus contingencias en salud. No tiene el mismo amparo un ciudadano afiliado al régimen contributivo que aquel que se halla en el régimen subsidiado; y menos el que no está afiliado al sistema.

Además, persiste una segmentación en la atención para los pacientes cuando enfrentan accidentes de tránsito, de trabajo o alguna enfermedad laboral, que se cubren con recursos distintos a los de la EPS.

Así, hay más trámites administrativos que se han convertido en barreras de acceso para la atención integral de la persona. Fuentes de retraso y riesgo para los individuos, que no pocas veces han degenerado en fatalidades. La protección de la salud de los ciudadanos debe ser integral y no fragmentada. Hemos avanzado, pero la tarea está inconclusa.

En la actualidad, Sura es la única empresa de seguros que ofrece soluciones integrales en riesgos a sus clientes y no sólo productos aislados de seguros. Los usuarios se benefician, al encontrar una oferta integrada que va más allá de la seguridad social (EPS, ARP y pensiones), e incluye la seguridad privada y servicios financieros. Todo en un solo sitio. Un ejemplo para otras entidades que laboran en el sector. Pero también un llamado de atención para convertir el sistema en uno más integrado, que no obligue a los ciudadanos a andar dando bandazos para obtener los servicios con prontitud y calidad.

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Augusto Galán Sarmiento / Ex ministro de Salud