El 2009 podría ser recordado como el año en el cual una crisis global sin precedentes puso a América Latina en un sendero de desarrollo mucho más rápido y duradero.

El crecimiento del mundo ya no estará motorizado por los países G-7, consumiendo más allá de sus recursos. Los países emergentes necesitarán balancear sus modelos de crecimiento exportador con mayor absorción doméstica.

En América Latina, eso será más fácil para Estados grandes, pero pondrá a prueba a los más pequeños. Muchos verán sus monedas apreciarse. Todo lo cual dará un valor adicional a la competitividad comercial. Muchas de las postergadas reformas que hacen que la globalización dé frutos -desde la infraestructura hasta la educación terciaria- se harán inevitables.

Al mismo tiempo, la crisis ha generado una nueva fe en el poder de la inversión pública para afectar el crecimiento. Esto puede transformar a esa inversión, pues dejará de ser, de facto, una fuente de financiamiento -que se corta cuando caen los ingresos o aumentan los gastos corrientes.

Así como en los años 90, la preocupación por la inflación forzó a los gobiernos de la región a abandonar la impresión de moneda como fuente de financiamiento del déficit fiscal, la preocupación por la recesión puede ahora forzarlos a ligar formalmente la inversión pública con el panorama de crecimiento -a sistemáticamente ahorrar en los tiempos buenos para invertir más en los tiempos malos. Este principio tan simple, pero tan poderoso hizo su debut en América Latina durante esta crisis (en Chile), y ha probado ser un éxito que muchos buscarán replicar.

La crisis podría también transformar la política social de América Latina, dirigiéndola más hacia la equidad que hacia la igualdad, esto es, más en dar a todos las mismas oportunidades que en dar a todos los mismos premios.

Por un lado, la crisis reveló que los sistemas de asistencia social de la región no son suficientes para responder a una contracción súbita del ingreso, especialmente en las clases medias. Por otro, la tecnología para medir la desigualdad de oportunidades ha sido recientemente desarrollada. Ambas realidades destrabarán los esfuerzos para focalizar los subsidios -¿por qué debe el Estado continuar pagando por, digamos, la gasolina o la educación universitaria que consumen los ricos? El resultado final será una matriz de política social más enfocada en dar a todos los mismos chances.

Más ampliamente, el rol del Estado cambiará en el mundo entero. Lo que es diferente en América Latina es que la relación entre sus estados y sus pueblos ha sido, por mucho tiempo, de desconfianza profunda. La crisis podría tornarse en una oportunidad para cambiar ese vínculo, para llegar a un nuevo contrato.

En un momento en que habrá menos recursos para el Estado, más se esperará de él y la puerta se abrirá para comenzar a basar la gestión en resultados. La tecnología ya está disponible para conectar el gasto público con resultados específicos -en educación, salud, infraestructura. Varios países de la región se estaban moviendo en esa dirección antes de la crisis; otros se les sumarán.

Finalmente, la crisis ha revelado el alcance de la interconexión global. Las instantáneas externalidades creadas por las acciones de países individuales han sido tan patentes que llevaron a la aparición de nuevos o renovados mecanismos globales de coordinación y apoyo, desde el grupo G-20 a los incrementos en la capacidad de préstamo de los multilaterales. Aprovecharlos al máximo es la oportunidad de esta generación.

MARCELO M. GIUGALE / Director del sector de Poverty Reduction del Banco Mundial