El ministro de Minas, Hernán Martínez, en su artículo 'Minería y medio ambiente' (El Tiempo, junio 13/09), anunció su disposición a "abordar un franco debate sobre estos temas". Conviene entonces, formular algunas consideraciones en relación con afirmaciones hechas por el Ministro sobre el tema de las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) establecidas por la Ley 2ª de 1959, respecto de las cuales ha planteado:

"El objetivo principal de dichas áreas (las ZRF) era la explotación comercial de los bosques (...) y es evidente que todas esas áreas declaradas como reserva forestal, son las principales zonas de interés minero y petrolero en el país, por lo que estamos frente a un dilema de fondo, que para nosotros sólo tiene un camino de solución, hacer la actividad minera con desarrollo responsable". (La República, marzo 13/09).

En primer lugar, debe precisarse que las ZRF en realidad fueron establecidas con una doble finalidad: ciertamente, por una parte, 'el desarrollo de la economía forestal' (las destinadas a la producción forestal), pero también, por otra, 'la protección de las aguas, los suelos y la vida silvestre' (las clasificadas como zonas forestales protectoras).

En segundo lugar, si todas las áreas declaradas como ZRF son las 'principales zonas de interés minero y petrolero en el país', es claro que no 'estamos frente a un dilema de fondo', sino más bien frente a un problema descomunal, pues se estaría hablando de 'hacer actividad minera', potencialmente en alrededor de 40 millones de hectáreas cubiertas por bosques o que sin estarlo, tienen vocación forestal. 

Y es justamente este último, un aspecto de importancia mayúscula: afirma también el Ministro, que debido a los procesos de intervención por actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, las ZRF "en términos reales, han perdido su vocación forestal". Señor Ministro: excepción hecha de las zonas urbanas, las áreas de reserva forestal, incluso las desprovistas de bosques, conservan su vocación. Los estudios técnicos del IGAC establecen de manera incontrovertible que alrededor del 70% de la superficie continental del país tiene vocación forestal.

Lo que se requiere es emprender procesos para ordenar y manejar en forma sostenible la cobertura boscosa existente, y reforestar o restaurar las áreas donde ésta ha desaparecido. Ello no niega la posibilidad de que, por excepción, se efectúen sustracciones puntuales de las ZRF para desarrollos mineros, siempre y cuando tengan una clara justificación ambiental y socioeconómica. Pero de ahí a plantear que todas las ZRF puedan ser objeto de explotaciones mineras, hay un abismo.

En este contexto, es indispensable que el ministro de Ambiente, Carlos Costa, reconsidere la insólita tesis que empezó a abrirse paso durante la administración de su antecesor, según la cual, la redelimitación de las reservas forestales consistiría en hacer la 'zonificación ambiental' para determinar únicamente unidades de preservación absoluta (parques nacionales y reservas protectoras), excluyendo de aquellas los bosques productivos y las áreas forestales de producción. Entre muchos otros, un efecto negativo de esta 'metodología' -en apariencia conservacionista-, sería que en estas zonas ya ni siquiera se requerirían estudios de sustracción para las exploraciones o explotaciones mineras.

De aplicarse este criterio, se estaría adoptando la postura extrema ultrapreservacionista de quienes quieren que en el país se proscriba el manejo forestal sostenible, -sin importar qué ocurra con las numerosas comunidades que derivan su sustento del uso de los recursos forestales-, para terminar, paradójicamente, favoreciendo la de aquellos que abogan porque el desarrollo minero se pueda hacer en cualquier parte, en este caso sacrificando de tajo los bosques productores. Sería la peor manera de celebrar los 50 años de creación de las ZRF de Colombia.

José Miguel Orozco M. / Ingeniero Forestal