El Gobierno ha propuesto ampliar la base gravable de la clase media-baja para sostener el hueco fiscal, pagar deuda y continuar su política de gasto en Seguridad Democrática; las inquietudes surgen pues, aunque se han visto los resultados en seguridad, la realidad socioeconómica del país no ha cambiado en forma estructural y sostenible. Esta medida de choque es consecuencia de una falencia visible que tuvo el Gobierno actual: haber creído estar 'blind-ado' ante la crisis (o mejor haber estado cegado: considere que la palabra inglesa blind traduce ciego en español), amplificando los efectos de la desaceleración con su retardo para responder a la coyuntura; ahora improvisa con esta medida desesperada calificada como 'transitoria', en un hecho, cuyos antecedentes evidencian que este tipo de acciones se ha prolongado en el tiempo, haciéndose fuente permanente para gastos recurrentes.

El tema es que hay muchas más fórmulas que pueden evaluarse, fundamentadas en causas y no en efectos; por ejemplo, la recomendación de algunos expertos de vender Ecopetrol sería un error total, debido a que sacrificaría un activo rentable para cubrir un hueco. Ante esta iniciativa pregunto: ¿si el déficit es estructural, este continuará creciendo; cuando no tenga más activos para liquidar, ¿qué podría 'empeñar'?

Como el tema es ser parte de la solución, más que del problema, propongo el análisis de algunas consideraciones. En primera instancia, el Estado colombiano ha incentivado inversiones que han vinculado beneficios fiscales en renta por la adquisición de activos fijos productivos, cuya deducción del 40 por ciento equivale a casi 4 billones, considerando sectores intensivos en tecnología y capital de trabajo, como energía, petróleo y gas, minas y canteras, que han tenido años de creciente inversión. Si bien estas actividades generan riqueza y empleo para la nación, podría aproximarlas para reducir el beneficio tributario asociado. En segunda instancia, los contratos de estabilidad jurídica y exenciones tributarias a las zonas francas podrían repensarse, pues aunque son variables fundamentales, la rigidez con la que están configuradas no ofrece flexibilidad en una realidad dinámica, cambiante y expuesta a ciclos como la actual.

En tercera instancia, es claro que la mejor alternativa debe estimular al mercado si percibe el beneficio de la reducción motivada por el Banco de la República. En este caso, es claro que las tasas de crédito de consumo no han caído en proporción a la política del Emisor, 26,8 y 4,5 por ciento respectivamente. Es decir, pese a que no hay 'presión', en sentido estricto, las instituciones financieras (cuyas ganancias son ingentes) en ningún momento del ciclo han aproximado una posición de apertura e interés por dinamizar las condiciones, en respuesta a la señal que induce el Emisor, limitándose a mantenerla igual al máximo que habilita la ley, a través de la tasa de usura que regula la Superfinanciera.

Desde una perspectiva gerencial, invoco un principio: si bien no siempre es factible crear valor, ¿por qué no dedicar esfuerzos a no destruir? Es decir: 1) ¿cómo evoluciona el control de corrupción con el que se destruye valor?, 2) ¿cómo buscar una base gravable más ligera, pero efectiva en su recaudo, para minimizar la evasión? Preocupa seriamente, entonces, que sigamos abordando síntomas, pues estamos ante la sexta reforma propuesta por esta administración que ha gozado de siete años de gobierno, con una aparente mayoría de coalición y una popularidad sin precedentes.
Si las propuestas no son estructurales, el resultado será regresivo e inequitativo.

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Germán Eduardo Vargas / Profesor del Cesa