En días pasados, la crisis de la toma del Parque Tercer Milenio y la torpe forma en que fue manejado por las autoridades distritales y nacionales, se constituyeron en uno de los más dramáticos actos que marcaron y marcarán el choque definitivo entre la ineficiente e insuficiente política nacional de atención a los desplazados y la política distrital a partir de la cual se ha tratado de enfrentar esta problemática.

En gran parte el choque se debe a un fenómeno de oferta: la de Bogotá es una de las administraciones locales que más ha avanzado en elementos de atención a la población desplazada, y ello ha generado que la ciudad se constituya en un foco atractor para los desplazados ubicados en otros lugares del país.
Es importante enfatizar que esta crisis es un componente de un vacío aún más amplio.

Y es la absoluta carencia de un enfoque integral de políticas públicas hacia la migración. No existe en el Gobierno Nacional una iniciativa estratégica que aborde los movimientos poblacionales como un todo. La migración no es un tema banal y sus efectos no son de talla menor.

En los últimos 15 años cerca del 25 por ciento de la población colombiana ha cambiado su lugar de residencia, ya sea trasladándose por motivaciones económicas por el centro del país o viajando al exterior, o por aspectos derivados del conflicto interno desplazándose internamente o aplicando a estatus de refugiado en otros países.

Bien podría argumentarse que la crisis humanitaria del desplazamiento forzado y la crisis económica internacional han contribuido a generar un confuso dilema entre lo urgente y lo importante.

Las apasionadas campañas dirigidas a los colombianos en el exterior pueden perder fuerza ante la evidente contracción en las remesas y al hecho de que el incierto panorama político le resta importancia estratégica al electorado residente en el exterior.
Pero por otra parte es importante reconocer que la inexistencia de una política integral hacia las migraciones se debe en mucho a la crasa ignorancia de nuestra dirigencia en torno a la migración y sus diversas modalidades.

Ignorancia que puede apreciarse en varios niveles, que van desde la perversa interpretación del desplazamiento como migración interna de José Obdulio Gaviria, pasan por la nula gestión del ex ministro Arias con respecto al impacto que la migración interna y el desplazamiento han tenido sobre la disponibilidad de mano de obra agrícola, y terminan a nivel local con la absurda propuesta del Secretario de Salud de Bogotá de crear campamentos de refugiados. Es una ironía enorme que una propuesta de atención a los desplazados termine constituyéndose en un problema técnico y jurídico tan grande como aquel que pretendía enfrentar.

Y esto es, porque a la luz de la jurisprudencia que permitió caracterizar al desplazamiento forzado como delito, un campo de refugiados puede considerarse otra forma de crimen: la restricción a la libertad de movimiento, el cual es un derecho constitucional fundamental.

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Juan Carlos Guataquí / Profesor Universidad del Rosario