El caso de la minera anglo-australiana Rio Tinto, cuatro de cuyos empleados en China están bajo arresto, sindicados de espionaje comercial, hace parte de una guerra de precios que involucra a los principales compradores y vendedores de mineral de hierro del mundo.

Pero no es apenas eso, sino también una advertencia del cuidado con el que se debe obrar en el país asiático, especialmente cuando se lidia con empresas estatales en sectores estratégicos.

El tema todavía es confuso y habrá que ver cómo evoluciona, pero es bueno seguirlo con atención y ver qué lecciones se le pueden sacar.

El telón de fondo del caso son las negociaciones en las que las principales acerías y los mayores proveedores de mineral de hierro en el mundo, hacen contratos anuales a un precio fijo. Ese esquema, según las mineras, es el que permite garantizar el suministro ininterrumpido del producto.

Como el precio del commodity está disparado -gracias en buena parte a la creciente demanda china- la Asociación de Hierro y Acero de ese país ha provocado un impasse en las negociaciones de este año, con la insistencia en que haya una sustancial reducción sobre el precio del año pasado, postura que ha sido rechazada por Rio Tinto y los otros grandes proveedores.

Mientras el impasse continúa, muchas acerías chinas han seguido comprando mineral de hierro en el mercado abierto a un precio superior al propuesto en las negociaciones, lo que ha debilitado aún más la posición china.

En medio del estancamiento de las conversaciones, las autoridades ordenaron el mes pasado la detención de cuatro empleados de Rio Tinto, tres ciudadanos chinos y uno australiano, que se desempeñaba como jefe de ventas de la minera.

Los cargos, que en principio incluían el robo de secretos de Estado, fueron cambiados esta semana por acusaciones de soborno y obtención ilegal de información, lo que según las autoridades le habrían permitido a Rio Tinto manipular las negociaciones y beneficiarse a la hora de fijar los términos del contrato anual.

Al poner el caso en el plano puramente comercial y sacarlo del delicado terreno de la seguridad nacional, China respondió a la ola de críticas que ha desatado el manejo que le ha dado a la situación, pero eso no significa que las empresas extranjeras en China puedan bajar la guardia.

Si algo demuestra lo ocurrido con Rio Tinto, es que hacer inteligencia comercial y manejar la información que se obtiene, es un asunto sensible en un país en donde hay tantas empresas que le pertenecen al Estado.

Los conflictos comerciales con motivación política no son raros en China ni en ningún otro país, pero cuando la línea que separa la inteligencia comercial del espionaje no es del todo clara, como parecer ser el caso de la minera anglo-australiana, vale más la cautela.

Según especialistas en la legislación china, acusaciones de espionaje comercial pueden significar hasta siete años de prisión, lo cual debe alertar, aunque no espantar a las empresas interesadas en el país asiático.

De todas maneras hay que seguirle la pista a este tema. No sólo por el peso de sus protagonistas y la importancia de lo que está en juego, sino sobre todo, porque ayuda a entender qué se puede y qué no se puede hacer en la singular economía de mercado china. 

Adrian La Rotta / Periodista, Hong Kong