Desde 1990, luego del regreso de la democracia, Chile ha experimentado un proceso de desarrollo económico, elevando en forma significativa el nivel de vida de sus habitantes y casi triplicando su PIB per cápita.

El dinamismo de los sectores minero y agroalimentario han sido claves en este proceso. Ambos sectores han venido creciendo en forma sostenida y expandiendo sus áreas geográficas de influencia hasta llegar a convivir en una vasta proporción del territorio nacional.

Y en el entendido que cualquier actividad económica modifica el entorno natural y social en el que inserta y genera impactos ambientales de diversa magnitud -sea la minería extractiva con sus masivos movimientos de material o la agricultura con sus efectos erosivos o el uso extendido de agroquímicos-, Chile ha ido avanzando de forma sostenida en gestionar esta coexistencia, en un camino que no ha estado exento de conflictos o experiencias negativas, pero sí pleno de aprendizajes.

No se puede desconocer que la actividad minera del pasado, que se realizaba en forma artesanal o poco tecnificada y con un pobre control ambiental, generó impactos ambientales negativos que están aún en la memoria de todos. Pero la realidad ha cambiado sustantivamente. Países mineros de larga tradición, como Canadá, o con desarrollos más recientes como Australia y Suráfrica, han ido generando avances significativos en tecnología de explotación y en procesos mineros más amigables con el medio ambiente, tales como el reuso de agua para disminuir el consumo de agua por tonelada de mineral procesado, procesos en circuitos cerrados con uso seguro de productos químicos, planes de cierre para asegurar estabilidad geotécnica y evitar aguas ácidas, entre muchos otros. Los aprendizajes hoy día traspasan las fronteras, y la minería responsable comparte las mejores prácticas a nivel mundial.

Pero no basta con la tecnología. A mi juicio, otros 3 ámbitos deben avanzar en forma simultánea para gestionar los múltiples usos del territorio en forma sustentable.
El primero, sin lugar a dudas, el fortalecimiento del marco regulatorio y la robustez de la institucionalidad ambiental y de la autoridad minera, para establecer 'reglas del juego' claras y asegurar su cumplimiento.

En otro ámbito, la transparencia en la información entregada por las empresas es vital; los reportes de sustentabilidad son crecientemente de acceso público y se deben adoptar esquemas homologables a nivel mundial, como el Global Reporting Initiative, GRI, que estandariza la forma de cuantificar y comunicar emisiones o indicadores de desempeño ambiental.

Y finalmente, las comunidades deben informarse sobre el equilibrio que debe darse entre los niveles de calidad ambiental deseados y los beneficios económicos que un nuevo proyecto les trae en el presente, y de las oportunidades que les abre a las futuras generaciones.

Solo de esta forma se puede acceder a procesos legítimos que generan avances concretos en infraestructura pública, caminos, escuelas, hospitales, embalses de riego, entre otros, y que habilitan un tejido productivo y social más variado y sustentable en el largo plazo. 

Marcela Angulo / Gerente de Medio Ambiente y Energía, Fundación Chile