El país está enfrascado hace tiempo en debates alrededor del desarrollo de la infraestructura física vial, uno de los factores estratégicos para procurarnos niveles deseables de competitividad en el concierto interno e internacional.

El atraso secular en materia vial, los bajos índices comparativos en materia de producción, mantenimiento y conservación de vías y las carencias presupuestales frente a la magnitud de las necesidades de inversión, se agravan aún más por la ausencia de políticas públicas que orienten debidamente el diseño de las obras, la fijación de especificaciones técnicas, la estructuración, adjudicación y liquidación de los contratos.

Ello se evidencia en lo ocurrido en algunas vías antioqueñas, que llevó al Gobernador a imputar el problema a deficiencias de la ingeniería nacional. La Cámara Colombiana de la Infraestructura aduce la carencia de diseños y estudios técnicos y la 'michicatería' en la asignación de los presupuestos de obra como causales de éste estado de cosas, lo cual no impide en muchos casos la realización de los contratos, con los resultados conocidos.

Sin embargo, como transportadores, usuarios de las vías -nuestro local de trabajo por el cual cancelamos impuestos y sobretasas para los combustibles, peajes, quizás de los más onerosos comparativamente a la calidad de la infraestructura y afrontemos pérdidas humanas y costos ocultos propios de restricciones e interrupciones en el tráfico vehicular-, creemos llegado el momento de un alto en el camino para abordar con rigor el problema y buscarle soluciones duraderas, las cuales comprometen a las instituciones del Estado en su ejecución, vigilancia y control y aplicación de justicia, y al sector privado en los campos de ingeniería, sector financiero, industria, transportadores y usuarios, entre otros.

Proponemos específicamente la declaratoria de 'emergencia en la contratación vial' durante 90 días, tiempo durante el cual deben adoptarse lineamientos específicos de política apoyados en códigos y procedimientos transparentes de alcance nacional que fijen especificaciones y normas para garantizar la uniformidad, calidad, estabilidad y racionalidad de los costos de las obras de infraestructura, en aspectos claves como diseño, construcción, mantenimiento, materiales y pavimentos, puentes y viaductos, drenajes y obras de arte, construcciones y componentes metálicos, prefabricados, sismo resistencia, señalización y alumbrado, comunicaciones, vigilancia y seguridad, instalaciones y facilidades auxiliares y de servicio, instalaciones eléctricas y sanitarias, arborización y reforestación, estabilización de taludes y obras, empradizados y zonas verdes, acabados y obras menores, manejo ambiental, control de calidad, etc.

Adicionalmente se justifica fijar criterios para la interventoría, auditoría, y la veeduría y colegiatura alrededor de los contratos de obra, para superar este estado de cosas, en beneficio de la competitividad y el desarrollo del país.

Basta ya. No más Comsas ni Dragacoles. Colombia no puede continuar sometido al desangre ocasionado por la sucesión de pleitos que desangran el erario público y llenan las alforjas de muchos contratistas inescrupulosos en detrimento del bienestar y la calidad de vida de todos los colombianos.

*Columna de la Fundación Buen Gobierno. 

Jaime Sorzano Serrano* / Presidente Colfecar