Sea cual sea la tendencia de gobierno que remplace la derecha furibunda del presidente Uribe, deberá tener algo en común, obedecer el mandato popular de mantener la seguridad como prioridad a través de una mayor lucha contra el paramilitarismo y la guerrilla, que siguen permeando todos los ámbitos de la vida nacional financiados por los recursos del narcotráfico.

Hace cerca de seis años como vocero económico del Partido Liberal lideré la propuesta que financiaría el postulado de la Seguridad Democrática. Gravar los patrimonios líquidos de capitales superiores a tres mil millones de pesos fue el eficaz mecanismo que ha logrado tener a los más pudientes pagando el costo de la guerra durante este Gobierno.

Los postulados económicos de nuestra colectividad promueven que en caso de ser necesario aumentar los ingresos tributarios sea mediante políticas progresivas, es decir que los que más tengan más paguen. Esto se logra a través de la imposición de impuestos directos como renta o patrimonio.

Debido a la recesión que se nos avecina es necesario prever desde hoy cuál deberá ser la estrategia de financiamiento a partir del 2010, año en que termina la vigencia del impuesto al patrimonio. No se puede bajar la guardia, porque se perdería el esfuerzo hecho hasta el momento, y la desaceleración tendría efectos mayores al del incremento del desempleo y decrecimiento del sector real, al afectarse la percepción de seguridad que ha sido el motor de nuestra economía. Tampoco podemos seguir castigando al sector productivo ni a los asalariados con más carga de tributos regresivos, pues así el Gobierno no quiera reconocerlo esta administración ha sido alcabalera, basada en impuestos indirectos dejando nuestra tributación como una de las más fuertes de Latinoamérica.

Paralelamente continúa la desbordante evasión y elusión en razón de la ausencia de políticas efectivas de control, así hagan alarde del Programa Muisca, que no ha dado los frutos esperados.

Seguramente vamos a tener un mayor déficit fiscal por la desaceleración que conlleva a disminuir los recaudos, como lo ratificó el nuevo Director de la Dian, sumado a tener que afrontar un año preelectoral donde el Gobierno aumentará los gastos asistencialistas.

Por lo anterior, propongo mantener por cuatro años más el impuesto al patrimonio, pero para capitales líquidos superiores a 8.000 millones de pesos, con lo cual no serán ni los asalariados, pensionados y mucho menos la clase media la que pague esta seguridad. Que sean el sector financiero, minero, petrolero, al igual que muchas multinacionales que hoy tienen un tratamiento preferencial, los que coloquen su granito de arena y reviertan al país parte de sus gigantescas utilidades.

Deberá quedar claro en la ley que en el 2014 no se podrá extender la vigencia de este impuesto y que el patrimonio que se tomará en cuenta es el que se tenga a 31 de diciembre del 2008, para evitar que se eluda inventándose deudas para no ser cobijados por la norma. Esperamos que para entonces hayamos derrotado a los grupos subversivos y se haya iniciado el desmonte de los gastos permanentes que se financian con recursos transitorios, porque de lo contrario el problema económico será inmanejable.

Quiero recordarle al Ministro de Hacienda que para tener una economía estable es necesario realizar de una vez por todas la reforma tributaria estructural que tanto nos prometió, de donde resulte una tributación limpia y sencilla desmontando las exenciones y exclusiones que se han convertido en la otra vena rota que no permiten disminuir el déficit fiscal. No más colchas de retazos ni propuestas electoreras, ajustémonos los pantalones para asumir la crisis que está por llegar.

sanchezca42@hotmail.com

CAMILO SÁNCHEZ ORTEGA Senador