El descenso en los precios internacionales del crudo del 70% en los últimos 6 meses, ocasionó en la mayoría de los países del mundo una reducción en el precio de los combustibles. Colombia, excepción a la regla, continúa aplicando el mismo precio relativo a la política del desmonte de los subsidios, con la cual el acpm tuvo un aumento del 175% entre 2002 y 2008, periodo en el cual pasó de representar el 22% de la canasta, al 33% de la misma.

Se corrobora así la fragilidad e inestabilidad en las políticas de fijación de precios, con lo cual el Gobierno de turno fija a su arbitrio y toma decisiones con relación a un aspecto crucial para la economía del país equivalente a recurrentes reformas tributarias.

Se sabe que la fórmula de cálculo es manipulada a conveniencia, lo que es evidente a raíz del abrupto descenso en los precios.

El precio paridad de exportación utilizado en los últimos meses para el cálculo de costo al productor es de US$70,72 por barril cuando, no debería sobrepasar los US$52,50 por barril. El precio al consumidor se calculó con una tasa representativa del mercado de $2.336.73 por dólar, en lugar de los $2.266.42 por dólar que debería haberse utilizado como promedio en los meses de noviembre y diciembre. El precio de venta público del acpm es de $6.249.21 por galón frente a los $5.015.90 que deberíamos estar pagando, es decir, un sobrecosto de $1'233.31 por galón, equivalente a un 24,6% que, en los últimos 45 días del año pasado representó $222.000 millones de sobrecostos para el sector. En el presente año éste ascenderá a unos $2 billones.

El Gobierno sostiene que los precios de los combustibles no bajarán, toda vez que los excedentes serán utilizados en inversión en infraestructura, inversión social y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Respecto a la inversión en infraestructura ninguna certeza existe, pues se carece del mecanismo de destinación específica.

Tampoco puede garantizarse la absoluta transparencia y efectividad en las inversiones, cuando quiera que seguimos siendo afectados por todo tipo de deficiencias en la estructuración, presupuestación, adjudicación, contratación y liquidación de contratos de obras, lo cual erosiona gravemente los recursos públicos. En cuanto al Fondo de Estabilidad de Precios de los Combustibles abundan las inquietudes por la calidad jurídica de la medida, ya que tampoco existe el mecanismo legal correspondiente.

Ello por supuesto no puede dejarnos tranquilos, más allá de tener la certeza de un nuevo impuesto y muchas buenas intensiones pero de aquello, es decir, de más y mejores vías y alivio en el precio de los insumos, posiblemente poco.

Se impone entonces la adopción, ahora sí, de una política pública que abunde en claridad y reglas del juego para la fijación de precios de los combustibles. Mientras tanto en nuestro país seguirá ocurriendo todo lo contrario que en todos los países del mundo. Todo lo contrario de lo que esperamos los transportadores, es decir un alivio en el importe del principal insumo en la operación vehicular.

*Columna de la Fundación Buen Gobierno.

JAIME SORZANO SERRANO / Presidente Colfecar